Así lo denunció el jesuita Josep Buades, director de la Asociación Claver-SJM, durante la presentación del informe 'Internamiento muteado' este lunes en el Congreso de los Diputados y del que es autor.

“Nos da la impresión de que se pone silencio sobre una realidad que es cada vez más incómoda en el planteamiento político y en la gestión administrativa, y que sin embargo sigue entre nosotros”, remarcó en referencia a las 2.085 personas que en 2023 estaban en los CIE. Buades explicó que la cifra es "significativamente baja" aunque "no muy baja", y que tras la pandemia se ha quedado estable en torno a esos dos millares, lejos de las más de 7.000 personas que había en los años previos y de las 17.000 de 2009.

Ante ello, interpeló por "el fin del internamiento" para esas personas, a la vez que puso el foco en que dos de cada tres expulsiones y devoluciones ejecutadas en el último año son casos de personas que no han pasado por CIE, una realidad que también estuvo "totalmente ausente" en el debate político en la Comisión de Interior del Parlamento. "No hubo ninguna referencia", aseveró.

El jesuita se mostró "a la espera" del desarrollo reglamentario del reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, pero pronosticó que "el internamiento cautelar que conocemos en España va a quedar como un elemento menor en todo el sistema de obstáculos para la entrada de personas extranjeras a España y su arraigo".

"Ahora que han pasado las elecciones europeas es momento de mirar cara a cara a las personas internadas", prosiguió tras recordar que da las 2.085, 64 mujeres fueron mujeres, de las que sólo una fue identificada como víctima de trata y recibió protección; y que a 10 del total se les practicó la prueba de determinación de edad, casos de los que sólo dos fueron reconocidos como tal en Valencia y puestos bajo protección administrativa.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

El informe presenta un panorama del internamiento en 2023 a partir de las cifras proporcionadas por la Dirección General de la Policía, completado con apuntes de la observación directa. Estudia la problemática abordada en el año: el internamiento sin soporte legal de personas extranjeras comunitarias; vulneraciones de derechos humanos en la gestión de situaciones difíciles; falta de privacidad en las visitas de entidades o de letrados; los defectos legales del pliego de prescripciones técnicas en la contratación de los servicios médico-sanitarios; así como los reiterados incumplimientos de la Ley de transparencia y buen gobierno.

El SJM lamentó que "a pesar de que el internamiento sea contemplado por la ley como la última de las medidas cautelares, ninguna tan lesiva, se recurre a él de modo desproporcionado". También recordó que los CIE son una herramienta "nuclear" de las políticas migratorias estatales, y en especial, europeas y que el citado Pacto de Migración y Asilo aprobado por la UE el pasado abril "ensalza la figura de la detención a personas migrantes que accedan o se encuentren de forma irregular en los Estados".

SALUD MENTAL

María Morell, abogada y responsable de visitas a CIE en SJM Valencia, se refirió a los problemas que supone la desatención de la salud mental. “Nos preocupa la insuficiente y negligente atención del servicio médico sanitario”, apuntó, relacionadas con la falta de coordinación de administraciones y las dificultades para garantizar un traductor.

“Estos espacios se consideran de riesgo para la exacerbación de los problemas de salud mental”, pues en ellos se produce “despersonalización, confusión, incertidumbre y aislamiento”. “Comprobamos un alto nivel se sufrimiento psicológico”, remarcó la abogada, que se refirió a un estudio realizado con la Universidad de Sevilla con 87 personas migrantes. Una de las conclusiones fue que 7 de cada 10 personas mostraban síntomas de ansiedad y depresión que necesitaban tratamiento, que comenzó con su internamiento en CIE.

"La calidad de vida en estos centros aminora los síntomas. A raíz de la semana se produce un deterioro exponencial en la salud mental, por la pérdida de confianza en el personal de los centros", indicó.

"Existe evidencia de que la detención genera un daño a largo plazo", prosiguió, y reclamó "un sistema de atención" en estas infraestructuras, además de garantizar los trámites para la inclusión social de estas personas retenidas. "El derecho a la salud mental pasa necesariamente por la eliminación de los CIE y la puesta en libertad", zanjó.

COMO DELINCUENTES

La voluntaria de visitas al CIE de Aluche, Madrid, en Pueblos Unidos, Paloma Aguilera, explicó su experiencia en el último año. Esta médico de familia lamentó la falta de interacción con otros profesionales que trabajan en el centro, como personal de Cruz Roja o de la dirección, y denunció algún caso de “abuso de poder” por parte de policías. “Nos vigilan más”, apuntó, también criticando que "intimidan al interno, no respetan la confidencialidad" y les impiden usar el móvil, algo crucial para poder traducir las conversaciones ante la falta de intérpretes. “Se les trata como delincuentes y les llevan esposados”, aseveró.

“Muchos no entienden el español y mucho menos los términos legales y no conocen a sus abogados”, agregó, y destacó su labor de acompañamiento porque tampoco tienen a nadie que les visite.

“El CIE es un sitio inhóspito para cualquier persona, más para las personas con enfermedad mental”, continuó. “Se estresan con tanto ruido y peleas”, dijo en referencia a un caso concreto de un hombre marroquí mayor, que se quedó sin tratamiento tras ser devuelto a su país de origen.

Según esta voluntaria, los internos les dicen que “se les pega donde no hay cámaras” y que son tratados “como delincuentes”, y que en numerosos encuentros aparecen heridos y magullados sin que se les haya curado. Durante su intervención en el Congreso, la doctora transmitió con ejemplos concretos la “dura experiencia de las personas internadas en los CIE” y exigió “una investigación más exhaustiva”.

El provincial de España de la Compañía de Jesús, Enric Puiggròs SJ, llamó en la Cámara baja a una "reflexión sobre esta realidad" y describió el informe como una "herramienta útil para la sensibilización y la incidencia política". Asimismo, se refirió a la ILP admitida a trámite sobre la regularización de personas migrantes. "Esperamos avances", confió, en línea con la propuesta del papa Francisco de "ampliar el nosotros".