Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Valencia son las que cursaron más solicitudes, que deben ir acompñadas por un informe sociofamiliar favorable, que es elaborado por las comunidades, ya que tienen competencias en esta cuestión.

Según explicó María Elena García, el Ministerio de Asuntos Sociales y las comunidades autónomas han establecido recientemente una comisión técnica para organizar y garantizar el proceso de adopción de niños de origen extranjero, una práctica que se ha incrementado notablemente en nuestro país en los dos últimos años.

La finalidad de la comisión es establecer un circuitolegal que ofrezca información sobre los países en donde la adopción está organizada, de forma que sean las comunidades autónomas y, en último término, el Ministerio de Asuntos Sociales, las que sirvan de enlace entre las futuras parejas adoptivas y los organismos públicos de los países de origen de los niños.

Otro de los objetivos de la comisión es ofrecer información sobre la legislación en materia de adopciones de los nueve países con los que está en contacto en la actualidad y los organismos donde eben dirigir sus peticiones.

La red de información y contacto de las administraciones central y autonómicas se refiere a algunos países de Latinoamérica, como Costa Rica, Colombia o Chile, y a la India. Respecto a Rumanía, Asuntos Sociales está pendiente de firmar un acuerdo que organice las adopciones en ese país.

La creación de la comisión obedece también a la exigencia planteada por algunos países de que sea un solo interlocutor, en este caso el Ministerio de Asuntos Sociales, el que establezc futuros acuerdos en materia de adopción.

EVITAR LA VENTA

Las autoridades españolas quieren evitar la presunta venta de niños que existe en este proceso, puesto que en la mayor parte de los casos los padres adoptivos entran en contacto con los padres biológicos mediante un intermediario que cobra por sus servicios.

Para ello, el Ministerio de Asuntos Sociales seguirá siendo el encargado de expedir, previo informe sociofamiliar favorable de las comunidades autónomas, el certificado de idoneidad e la pareja, que remitirá al consulado o embajada para que se encarguen de dirigirlo al organismo con el que han entrado en contacto los padres adoptantes.

Además, una vez adoptado el niño, los servicios sociales de las comunidades deben hacer un seguimiento de la pareja, que remitirán al organismo público del país de origen.

Según explicó a Servimedia una pareja en trámites de adoptar un niño en el extranjero, este nuevo procedimiento burocrático resulta un obstáculo más, ya que en adelante el crtificado de idoneidad que obtenían de las comunidades autónomas sólo será gestionado por vía administrativa, mientras que antes podían ser ellos mismos quienes lo tramitaban, agilizando de esta forma el procedimiento.

En la actualidad, las parejas que intentan adoptar un niño en el extranjero lo hacen, en mayoría de los casos, legalmente, puesto que obtienen en los países de origen una resolución judicial o de tutela que, en base al informe sociofamiliar expedido por la respectiva comunidad autónomala que pertenecen y que certifica su idoneidad como padres, les reconoce la adopción.

En otros países, como Gran Bretaña, funcionan un tipo de intermediarios que, bajo la denominación de agencias privadas de adopción y habilitadas por los organismos públicos de los países donde trabajan, se encargan de informar y gestionar los trámites a las parejas interesadas, transportarlas y servir de contacto con los interlocutores adecuados.

A pesar de que la legislación española permite este tipo de agencas, que deben ser habilitadas por las comunidades autónomas, todavía no han comenzado a funcionar.

Por otro lado, una comisión interministerial, integrada por Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Asuntos Sociales, ha acordado establecer en las fronteras españolas controles sobre los niños menores de diez años que no viajan con sus padres.