Así consta en una carta conjunta en la que demandan al departamento de Alberto Garzón “acciones" para que los consumidores "dejen de recibir publicidad falsa sobre productos “verdes” o “sostenibles”" y le urgen a crear un Observatorio para el control del lavado verde, según avanzó la Federación de Consumidores y Usuarios CECU en un comunicado.

“En un contexto de cambio climático y crisis ecológica, se necesitan medidas significativas y urgentes”, prosiguieron las entidades firmantes, convencidas de que los consumidores están “cambiando sus modos de vida y hábitos de consumo ante la emergencia climática” y “necesitan” que los productos “cuenten con una garantía real de que han sido producidos de manera sostenible y justa y que estén al alcance de todas las personas”.

En este punto, criticaron el “bombardeo del marketing verde o lavado verde” en la publicidad y etiquetado, que, a su entender, “viene determinado por el vacío legal existente en la publicidad y las posibilidades de patrocinio”, con “mucha influencia de grandes empresas financiadoras de cátedras e informes”.

A este respecto, advirtieron de la posibilidad de encontrar en cualquier superficie comercial “numerosos” productos que se presentan como “verdes o sostenibles” sin que, según su punto de vista, “exista evidencia comprobable de tales afirmaciones ni haber realizado cambios en los modos de producción o en las políticas internas de la empresa”.

Tras rechazar que se deje la “responsabilidad” de “reconocer” este “marketing falso” en los consumidores, reclamaron medidas que “protejan” a la población de estas “estrategias”, entre las que citaron la prohibición de aquellas declaraciones medioambientales “que carezcan de demostración científica” y la creación de un Observatorio para el control del lavado verde.

Con respecto a la primera propuesta, en concreto, plantearon la creación de una “lista negra” con aquellas declaraciones que son “imposibles de demostrar”, para que sean “prohibidas y eliminadas” del mercado y que las afirmaciones sobre sostenibilidad que se encuentren en el mercado “cuenten con comprobación y el respaldo de expertos independientes y apliquen la metodología de un análisis del ciclo de vida completo como soporte de las declaraciones generales”.

“Un primer paso para conseguir estos objetivos es prohibir aquellas declaraciones que sabemos imposibles de demostrar y que generan una falsa sensación de que el producto es ecológico”, apostillaron, para censurar términos “ambiguos y generalistas que carecen de acuerdo científico sobre su contenido” como “verde", “amigable/respetuoso con el medioambiente" o "sostenible", “biodegradable”, “cero emisiones”, "neutro en carbono" o “bioplástico”.

Por lo que respecta a la creación de un órgano u organismo público de ámbito estatal para el control del lavado verde, este tendría como competencias las de elaborar campañas de sensibilización para la identificación del marketing verde; denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales oportunas la “publicidad falsa o engañosa” que “confunda” al consumidor; “sugerir” la creación de normas o capacidad para intervenir en la modificación de las existentes que tengan relación al lavado verde y “cualquier otra que fuera precisa en defensa del interés general de las personas consumidoras”.

Las organizaciones recordaron que España ostentará la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, coincidiendo con el debate sobre el nuevo paquete legislativo europeo sobre esta materia y estimaron que la Directiva de empoderamiento de las personas consumidoras en la transición verde, “pese a las carencias de la propuesta de la Comisión", es una "buena oportunidad para poner freno a estas prácticas tan perjudiciales”, por lo que pidieron a Consumo que “tome la iniciativa en esta materia y marque un precedente de cara a la negociación de esta directiva”.