Esta prestación es una medida voluntaria que tiene que ser aceptada por el menor y que se traduce en actividades relacionadas con la asistencia social, en beneficio de personas en situación de precariedad.

Las prestaciones han de guardar cierta relación con la infracción que da lugar a la aplicación de esta medida. A título de ejemplo, puede tratarse de atención a personas mayores, acompañar a discapacitados en transportes adaptados, colaboración en campañas solidarias, colaboración en tareas de carácter administrativo (bibliotecas, etcétera), colaboración en actos públicos cívicos o culturales, o tareas relacionadas con el medio ambiente, según informó la Junta.