En su informe "Acabar con la impunidad, justicia para las víctimas", presentado esta mañana en Madrid, AI informó de que, a pesar de algunos avances, persiste la falta de voluntad política para que los que cometen u ordenan actos de tortura puedan ser investigados, procesados y castigados, y para que las víctimas obtengan una reparación adecuada.

Este informe pone de manifiesto que acaba con la impunidad es un paso esencial para erradicar la tortura. Las víctimas de este delito tienen derecho a que se haga justicia, a que se reconozca publicamente la verdad de lo sucedido y a recibir una indemnización, según dijo en rueda de prensa la presidenta de AI España, Eva Suárez-Llanos.

Los mayores obstáculos para las investigaciones y los procesamientos son las leyes nacionales de amnistía destinadas a proteger a los responsables de delitos en países como Argentina, Chile, Perú, Sierra Leonay Uruguay. Estas leyes conceden inmunidad procesal a los torturadores, en momentos de transición política, con el pretexto de "favorecer la reconciliación nacional", a juicio de AI.

El informe también señala algunos motivos para el optimismo, como los avances hacia la creación de un Tribunal Penal Internacional con derecho a juzgar a personas acusadas de actos de tortura, sin importar el lugar donde cometieran el delito ni la nacionalidad del sospechoso y de la víctima. Este éxito ha sido posible gracas al trabajo de las víctimas, familiares, abogados y activistas de derechos humanos.

Según palabras del abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos, Carlos Slepoy, "somos conscientes del camino que queda por recorrer, pero actualmente los avances son muy importantes, debido a que los procesos que se llevan a cabo en nuestros días eran impensables hace cinco años".

Por su parte, Susana Burgos, superviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, un centro de tortura de la dictadura mlitar argentina, explicó que "en Argentina hay una impunidad social que contagia que haya una impunidad en todos los estamentos".