De ellos, 24.204 resultaron incluidos en expedientes de extinción de empleo, 100.596 s vieron afectados por despidos individuales y 15.821 tuvieron que abandonar el trabajo como consecuencia de sentencias de los Juzgados de lo Social.

Los despidos pactados individualmente entre las empresas y los trabajadores dieron lugar al pago de 114.744 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones, lo que supuso un aumento del 19,6 por cien en estos costes empresariales.

Los realizados sin previo acuerdo y que concluyeron con sentencias de magistratura favorables a los trabajadores supuseron 9.216 millones de pesetas en indemnizaciones (en el primer trimestre del año, último periodo para el que hay datos).

Los despidos pactados se produjeron, sobre todo, en el comercio, la construcción, la hostelería, las industrias químicas, las de alimentación, las del metal, el calzado y el textil. En el sector primario, destacan los efectuados en las empresas pesqueras.

SUPERARA LOS 400.000

En los cuatro primeros meses del año, las empresas redujeron plantilla por las tres vías legalmente stablecidas, tanto mediante acuerdos individuales (4.971 más), como por expedientes de extinción de empleo (5.720) y por la vía judicial (1.096).

De mantenerse la tendencia apuntada en ese periodo, se habrán producido a fin de año más de 420.000 despidos, una cifra para la que no cabe hallar precedente sin remontarse a los años previos a la recuperación económica.

El Gobierno considera que una parte de los despidos son consecuencia de los ajustes de plantilla a los que han tenido que recurrir lasempresas por haber pactado incrementos retributivos superiores a su recomendación, que era del 6 por cien.

A este respecto, la patronal CEOE estima que no será posible mantener el empleo en 1993 si la subida de salarios supera el 5 por cien en términos generales y algo menos en algunos sectores industriales con dificultades, como el textil y la química.

Además, la CEOE quiere que el Gobierno facilite y abarate el despido, mediante la supresión de la autorización administrativa de los expedientes e regulación de empleo y la bajada del baremo de indemnizaciones en los despidos individuales, que actualmente es de un mínimo de 45 días de salario por año trabajado.