El Partido Animalista Pacma hizo pública esa cifra este jueves al difundir un estudio coincidiendo con la aprobación final de la Ley de Bienestar Animal en el Congreso de los Diputados. El texto excluye definitivamente a los perros de caza.

El estudio se basa en datos aportados por 194 de las 1.014 entidades de protección animal consultadas. Del total de perros de caza rechazados, 5.544 eran galgos y 4.191 podencos, en tanto que los 2.560 restantes de reparten entre bracos, pointers, alanos y otras razas.

El dato total de 12.295 perros de caza abandonados es superior a los 8.588 canes descartados por sus dueños en 2019, según un estudio similar difundido por el Pacma en 2020. Ese aumento se debe a que la búsqueda ha sido más exhaustiva en el último informe y se ha incrementado la participación de las entidades, según el presidente de esta formación política, Javier Luna, quien echó en falta las “cifras reales” de comunidades autónomas con mayor tradición cinegética.

“La diferencia en la participación desde las comunidades autónomas con mayor territorio rural ha sido muy notoria y sabemos que se debe, en gran parte, al miedo”, sostuvo Luna, antes de añadir: “En las zonas rurales las protectoras son amenazadas o se ven obligadas a llegar a acuerdos con los cazadores para que no se deshagan de los perros, sino que se los entreguen directamente, lo que las pone en un compromiso a la hora de hablar sobre las consecuencias de la caza”.

Además, Pacma remarcó que el estudio no cuenta con datos relativos a los perros de caza recogidos por las Administraciones públicas, que suelen gestionar con empresas privadas las recogidas en municipios de menos de 5.000 habitantes, donde la práctica de la caza suele estar más arraigada.

Y ello es porque obtener esos datos es “casi imposible” debido a la “opacidad” de las Administraciones para no arrojar cifras de abandono que “pongan en cuestionamiento al lobby de la caza”, según el Pacma. Por ello, la cifra de 12.295 perros de caza abandonados refleja “la parte visible de un gigantesco problema de fondo”, según Yolanda Morales, portavoz de la formación animalista.

PRESUPUESTO

Por otro lado, el estudio también se interesa por las cantidades económicas invertidas por las entidades de protección animal durante la recogida, el tratamiento y puesta en adopción de los perros de caza.

De las 194 entidades que participaron en el informe, un 8,2% gastó el año pasado menos de 1.000 euros; un 31,3% entre 1.000 y 5.000 euros; un 22,4% entre 5.000 y 10.000 euros; un 19,1% más de 10.000 euros, y el 19% restante superó los 30.000.

El 77,3% de las entidades participantes determinó que el estado de salud promedio de los perros en el momento de su llegada era entre malo y pésimo, lo que requería, por norma general, de cuidados básicos, alimentos, vacunas, identificación y esterilización, atención veterinaria, medicamentos e incluso atención etológica.

Por otra parte, el informe señala que Andalucía es la comunidad autónoma donde más se abandonan perros de caza que acaban recogidos por asociaciones protectoras de animales (5.542 canes en 2022), por delante de Castilla-La Mancha (1.480), Comunidad de Madrid (1.005), Canarias (787) y Galicia (699). Los 2.502 restantes se dividen entre 11 comunidades ante la ausencia de datos de Navarra.