Los vecinos afectados de los diez barrios celebraron ayer una asamblea en la que acordaron edir a la Generalitat que defina claramente las soluciones a adoptar ante esta situación, para que, de este modo, la Administración central establezca su estrategia de apoyo y ayuda a las personas cuyas casas están afectadas de "aluminosis".

Esta "enfermedad" es producto del uso de cemento aluminoso en las edificaciones, material que fue considerado de buena calidad entre los años 60 y 70, pero que con el paso del tiempo ha llevado a una situación como la que actualmente vive la ciudad de Barcelona. En la asamblea de ayer, primera que realiza la Coordinadora de Barrios Afectados por la Aluminosis, el eje fundamental de las peticiones giró en torno a tres puntos.

En primer lugar, exigir responsabilidades a los contructores de los edificios afectados; en segundo lugar, solicitar a la Administración que elabore una ley para garantizar la calidad de las construcciones; y por último, pedir a la Administración catalana que asuma de manera subsidiaria el coste de reparar las casas afectadas.

El bogado de la FAVB indicó durante la asamblea que el Gobierno sólo tiene intención de proporcionar ayuda en los casos en que se trate de viviendas de promoción pública.

Andrés Naya, sin embargo, apuntó que el manifiesto elaborado por la coordinadora de barrios afectados se refiere tanto a las viviendas de promoción pública como a los inmuebles de cáracter privado.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Por su parte, el Gobierno ha respondido al diputado de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña Juan José ArmetComa que "la colaboración de la Administración central del Estado puede hacerse efectiva en cualquier momento, si (los afectados) inician las correspondientes actuaciones de rehabilitación de sus viviendas o edificios".

La calificación de "rehabilitación" otorga, según lo establecido en el real decreto 224/1989 sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda, "el derecho a préstamos privilegiados y, en su caso, a la subsidiación de intereses y subvenciones personales", aade la respuesta del Gobierno al diputado catalán.

Asimismo, el Ejecutivo señala que actualmente se está cuantificando el parque de viviendas afectado y la naturaleza de las obras necesarias para subsanar el problema, tras lo cual se podrían establecer "líneas de colaboración con los organismos competentes" en esta materia; en este caso, con la Generalitat de Cataluña.