MAS DE 1.000 OBREROS DE GRANADA HAN SIDO DESPEDIDOS ILEGALMENTE POR SUS EMPRESAS DURANTE LA HUELGA DE TRANSPORTSTAS, SEGUN CCOO
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Más de 1.000 trabajadores de Granada han sido despedidos de forma ilegal desde el comienzo de esta semana por diferentes empresas constructoras de la provincia, según fuentes del sindicato Comisiones Obreras.
Estas empresas han optado por el despido libre sin haber presentado expediente de regulación temporal de empleo ante la autoridad laboral. Al parecer, no contaban con materiales suficientes para continuar la obra, debido a la huelga que desde ace 18 días mantienen los transportistas autónomos de Granada, según el mismo sindicato.
Tan sólo han sido una decena las empresas que solicitaron la regulación de empleo por los cauces legales establecidos, mientras más de 30 trabajadores, a título individual, presentaron hasta hoy demandas ante el juzgado de lo social por despido improcedente.
El secretario del sindicato de construcción de CCOO en Granada, Carlos Martín, declaró hoy a Servimedia que se han detectado numerosas irregularidades enlos expedientes presentados por algunas empresas, que dicen encontrarse sin materiales cuando cuentan con flotas propias de camiones.
Si antes no se soluciona el conflicto, el martes este sindicato celebrará una asamblea para adoptar nuevas medidas de presión.
Según han confirmado a esta agencia fuentes empresariales, el Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta, Juan López Martos, está intentando mediar en el conflicto que enfrenta a los transportistas con algunas empresas y la adminstración.
Por otro lado, las fuerzas de seguridad del Estado han recibido órdenes del Gobernador Civil de Granada para que protejan a los transportistas autónomos de la provincia que pretendan seguir trabajando al margen del paro que, desde hace 18 días, protagonizan sus compañeros de la asociación Astac.
Según una carta enviada hoy por el Gobernador, Angel Fernández Lupión, al presidente de la Confederación provincial de Empresarios, Gerardo Cuerva, la policía y la guardia civil "protegerán la lbre circulación y garantizarán el ejercicio de los derechos legalmente amparados de los transportistas y empresas que, libremente, opten por prestar sus servicios".
Igualmente se han dado instrucciones para que, si actúan los piquetes y "violentan el libre ejercicio de derechos, sean puestos en conocimiento de los jueces a los efectos que procedan".
(SERVIMEDIA)
05 Ago 1993
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