A pesar de que la solicitud de la fiscalía se ceñía únicamente a los presos de ETA excarcelados, el informe de unas 15 páginas recibido ayer por este organismo incluye, además de los etarras, los nombres, clasificados en varios apartados, de los miembros de los Grapo condendos por terrorismo, los presos por terrorismo de extrema derecha, los condenados por otro tipo de terrorismo -como islámico o miembros de Jarrai-, así como los condenados por delitos contra la salud pública, que abarca tanto narcotraficantes como los condenados por la colza.

Todos estos reclusos, entre los que figuran etarras y 'grapos' con delitos de sangre, fueron condenados en su día por la Audiencia Nacional y actualmente se encuentran disfrutando del tercer grado o en situación de libertad condiconal, algunos de ellos desde el año 1989, según la relación de Instituciones Penitenciarias.

Fuentes judiciales indicaron hoy que el informe detalla los nombres y apellidos de los presos, su situación penitenciaria (tercer grado o libertad condicional), la fecha de concesión de la reclasificación, la institución penitenciaria que realiza el seguimiento del recluso, el lugar de trabajo y el salario que perciben, extremos todos ellos solicitados en su día por la fiscalía.

Una vez recibidos estos daos, acogidos favorablemente por la fiscalía, este organismo procederá ahora a estudiar una por una las causas por las que fueron juzgados esos reclusos, con el fin de determinar si fueron también condenados al pago de indemnizaciones, ya que hay algunos casos, como el delito de colaboración con banda armada, en los que no ocurre así.

En el supuesto en que fueran condenados a indemnizar a sus víctimas, la fiscalía elevará al tribunal sentenciador una petición para que se dirija a la empresa en que trabja cada preso excarcelado y proceda al embargo de una parte de sus sueldos para hacer frente al pago de las indemnizaciones.

El embargo, que afectará a todos los reclusos condenados a pagar indemnizaciones y no sólo a los de ETA, dependerá del montante del sueldo y de otros factores, como situación familiar del preso. En ningún caso el sueldo que quede tras la retención podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional, según establece la ley.

En el caso de los condenados por narcotráfico, lafiscalía remitirá la información a la Fiscalía Antidroga para que, a su vez, realice el mismo trámite ante el tribunal sentenciador.

Además de estos datos, la fiscalía había solicitado el mismo día al comisario de la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional que investigase el centro o empresa en la que estén trabajando, ingresos económicos que perciban y situación patrimonial actual de 9 etarras que disfrutan actualmente del tercer grado, así como de los ex policías José Amedo y Michel Domíguez.

Las fuentes consultadas no pudieron precisar, sin embargo, si la fiscalía ha recibido esta información, que también tiene la finalidad de poder proceder al embargo de sus sueldos para el pago de indemnizaciones, que en conjunto ascienden a varios miles de millones de pesetas.

Con estas solicitudes, la fiscalía pretendía además conocer la situación en la que se encuentran los etarras encarcelados, dado que ninguna de las resoluciones por las que les fue concedido el pase a tercer grado le fu comunicada y sólo tuvieron conocimiento del excarcelamiento de algunos de ellos por la prensa.