Martínez Noval, en un seminario sobre el proyecto de Ley de Huelga, aseguró que la nueva norma es mejor que el decreto de 1977 que regula este derecho y que el hecho de que los sindicatos la hayan pactado con el grupo socialista supondrá su identificación con su contenido, lo cual a su juicio influirá positivamente en los conflictos.

Asimismo, el ministro recordó que las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos se rompieron prque el primero se atribuía la potestad final para fijar los servicios mínimos en caso de huelga, punto que ha quedado igual en el texto pactado por el grupo parlamentario socialista y las centrales sindicales.

Sin embargo, Martínez Noval insistió, ante las preguntas de los periodistas, de que los grupos parlamentarios del Senado tienen la potestad para cambiar el proyecto y en su exposición posterior se mostró cauto a la hora de dar el texto como cerrado.

Asimismo, a la oferta anterior del aseso de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Luis Fabián, de negociar el proyecto antes de su aprobación, el ministro afirmó que los grupos parlamentarios estarán dispuestos a ampliar el consenso.

No obstante, recordó que cuando el Gobierno discutió con la patronal el proyecto de Ley de Huelga se pusieron de manifiesto las diferencias, que se centraron en las exigencias de la CEOE de que en cada conflicto se declarara previamente su legalidad o ilegalidad, que las huelgas se dcidieran por los votos mayoritarios de los trabajadores y que se tipificara penalmente la actuación ilegal de los piquetes informativos.

Para Martínez Noval, las críticas se han producido porque "no no hemos dado todavía con el procedimiento, que respetando la soberanía popular, permita la negociación con los interlocutores sociales, en aquellas leyes en las que es conveniente su participación".

El ministro dijo que diferentes grupos han criticado al Gobierno cuando ha discutido algún proyecto co los agentes sociales antes de presentarlo al Parlamento, "por minar la soberanía popular", e igualmente cuando lo ha presentado a las Cortes antes de negociarlo con los sindicatos y la patronal, "por despreciar a los interlocutores sociales".

DURAS CRITICAS

Por su parte, en la mesa anterior a la exposición del ministro de Trabajo, tanto Gabriel Cisneros, diputado del PP, como Luis Fabián, asesor de CEOE, arremetieron contra el procedimiento seguido por el Gobierno y contra el propio proyecto de Leyde Huelga.

Para Cisneros, "padre" de la Constitución, desde un punto de vista técnico el proyecto es un "auténtico bodrio", a la vez que jurídicamente desvirtúa el artículo 28.2 que lo recoge en la Carta Magna, pues los "negociadores del proyecto fueron siervos de una línea jurisdiccional y no de una interpretación libre de la Constitución".

Para que su partido aceptase este proyecto habría que definir el derecho de huelga, privar a los piquetes informativo de sus atribuciones y clarificar lo quees huelga abusiva, en vez de actos abusivos, entre otros aspectos, aunque Cisneros mostró su escepticismo sobre su modificación en el Senado.

Por su parte, Luis Fabián afirmó que la CEOE está dispuesta al diálogo y aseguró que José Barrionuevo, uno de los interlocutores del grupo socialista con los sindicatos, no quiso negociar con la patronal el proyecto, sino sólo comunicarle a los puntos de acuerdo a los que había llegado con los sindicatos.