Marlaska se refirió a esta cuestión en el Pleno del Senado, donde el parlamentario de Junts per Catalunya (JpC) Josèp María Cervera le preguntó por “las medidas que piensa tomar el Gobierno ante ciertas actitudes predemocráticas y antidemocráticas” de algunos agentes.

Cervera explicó que se refería a casos como el del policía nacional que la semana pasada aceptó una condena de un año de cárcel por agredir en julio de 2018 en Barcelona al fotoperiodista Jordi Borràs. Según se informó en prensa, el agente reconoció que atacó a la víctima por motivos ideológicos, ya que conocía que se había dedicado a investigar la extrema derecha en Cataluña.

En este sentido, el ministro dijo sobre este caso que, si la sentencia contra este agente se convierte en firme, “tendrá el pronunciamiento que proceda conforme a la legalidad”, puesto que el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad son los primeros interesados en “dar respuesta” a las conductas irregulares.

“PROTOCOLOS ADECUADOS Y PRECISOS”

Sin embargo, sostuvo que es “absolutamente extraordinario y excepcional” que policías y guardias civiles quebranten la ley, porque en “el ADN” de los cuerpos de seguridad en España está el respeto a la ley y a los derechos constitucionales.

Sostuvo que cuando se detecta “alguna situación anómala” existen los “protocolos adecuados y precisos” en los cuerpos policiales para que se depuren las responsabilidades que se deriven.

Por su parte, Cervera aseguró que el caso del fotoperiodista Jordi Borràs “no es el único” de ciudadanos agredidos por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y añadió que le sorprende que esto no “inquiete” al “Gobierno más progresista de la historia”, en referencia irónica al Gabinete de Pedro Sánchez.