La juez Jimeno denegó tal solicitud a Mario Conde por la gravedad de la condena que el Tribunal Supremo le impuso por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad cometidos en el "caso Banesto", y por considerar que no reune los requisitos necesarios para acceder al tercer grado penitenciario. Para los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la resolución de la juez Jimeno se ajusta "plenamente" a Derecho.

Para los magistrados, "es evidente que cuando se procede a la reparación de los perjudicios se manifiesta una disposición de ánimo próxima al arrepentimiento" y en este caso no se ha producido.

Además, destacan la reiteración, entendida como repetición, delictiva de Mario Conde y señalan que la misma es "innegable", al existir "más de undelito en el historial del penado".

Asimismo, los magistrados rechazan mantener a Mario Conde el régimen del tercer grado penitenciario que se le concedió durante el cumplimiento de la condena impuesta por el "caso Argentia", en virtud de la acumulación de penas prevista en la ley, como pidió el letrado del ex banquero.

En su resolución, los magistrados se inclinan por la tesis que defendió en su día el fiscal Anticorrupción encargado del caso, Alejandro Luzón, quien insistió en que Mario Conde y cumplió la condena por el "caso Argentia" y que la impuesta por el "caso Banesto" es una condena distinta, que requiere una clasificación diferente.

La concesión del tercer grado penitenciario habría hecho posible que Mario Conde, condenado por el Tribunal Supremo a 20 años de cárcel por su participación en el denominado "caso Banesto", acudiese a la prisión sólo a dormir. El ex banquero ingresó en la cárcel el pasado 29 de julio.

La Audiencia Nacional ha sido la encargada de estudiar este recuro, ya que fue la institución que investigó y juzgó el denominado "caso Banesto", imponiendo al ex banquero una condena de 10 de cárcel. Esta sentencia fue revisada posteriormente por el Alto Tribunal, que decidió doblar la pena impuesta en primera instancia.

Según una resolución dictada recientemente por el Tribunal Supremo, los recursos de apelación contra las decisiones de un juez de Vigilancia Penitenciaria debían ser resueltos por el tribunal sentenciador, en este caso, la Audiencia Nacional.

Precisamente, la juez que denegó el tercer grado penitenciario a Mario Conde denunció ante el Consejo General del Poder Judicial a su colega María del Prado Torrecilla por presionarla para que accediese a la solicitud del ex banquero.

Torrecilla fue sancionada por el máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados a siete meses de suspensión de sus funciones jurisdiccionales.