Según el reglamento interno de régimen disciplinario de la Guardia Civil, la suspensión automática de empleo de los agentes sólo se produce cuando éstos son condenados por un tribunal ordinario a una pena superior a los tres años de inhabilitación.

Precisamente, en cumplimiento del citado reglamento la Dirección General del Cuerpo, a pesar de la denuncia, no adoptó ninguna medida cautelar contra David Flores y u compañero Marco Antonio Jurado, acusado del mismo delito.

No obstante, fuentes de la Guardia Civil señalaron hoy que un equipo de expertos está estudiando la oportunidad de abrir un expediente interno al agente Flores y su compañero, a la vista de que no es posible su retirada automática del Cuerpo.

El ministerio fiscal acusó a Flores y a su compañero de un presunto delito de malversación de caudales públicos. Los dos agentes del Cuerpo sancionaron en 1996 con 50.000 pesetas a un ciudadano franés en la localidad de Llansá (Girona). Al parecer, ambos guardias civiles se quedaron con el dinero, aunque durante el juicio aseguraron que lo que pasó es que cometieron un error administrativo.