"La detención se hace a título personal, pero no hay duda de que se aprovecharon de su condición de funcionarios", señaló el fiscal, para quien no cabe hacer abstracción de ese rango cuando a uno le conviene.

El fiscal señaló que tanto el artículo 480 del antiguo Código Penal como el 168 del nuevo establecen el agravante de la utilización del cargo público para perpetrar un delito, en este caso el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, la primera actuación atribuida al GAL.

En opinión de fiscal, confluyen en este caso los delitos no prescritos de detención ilegal, malversación de caudales públicos y pertenencia a banda armada.

BARRIONUEVO

El fiscal se extraño de que fuera la defensa de Julián Sancristóbal, ejercida por José María Stampa Braun, quien invocara la aplicación del artículo 102.2 de la Constitución, referido a actuaciones del presidente del Gobierno o de sus ministros que pongan en peligro la seguridad del Estado.

En este sentido, apuntó que tal vez sería porque est opción cerraría el paso a posibles "medidas de gracia", en referencia a la posibilidad de otorgar indultos en el caso de que haya condenas de cárcel.

Por su parte, las defensas apoyaron las tesis del fiscal de negar la prescripción de los delitos. La acusación popular argumentó que los procesados, por su condición de mandatarios del Ministerio de Interior, pudieron tapar sus delitos, por lo que no puede fijarse una fecha fija para la prescripción.