En varios escritos, conocidos hoy, elfiscal rechaza todos los argumentos de inconstitucionalidad que invocaron las defensas del ex ministro de Interior José Barrionuevo y su "número dos" en el ministerio, Rafael Vera, en ambos casos apoyados por la firma del ex presidente del Gobierno, Felipe González, en labores de abogado.

De hecho, el fiscal critica la extensión (por encima de 300 folios) de los alegatos de Vera y Barrionuevo y les recuerda que "pudieron hacerse de modo más claro y conciso sin merma alguna del derecho de defensa", e icluso dice que "bordean" la legalidad del derecho al amparo constitucional, que pide precisión y concisión en los escritos de demanda.

Al fiscal tampoco le parece correcto que los recurrentes aludan constantemente a los cuatro votos particulares de la sentencia del "caso Marey" y que pretendan que el Constitucional dirima si la verdad de este caso está en las explicaciones de estos cuatro magistrados o de la mayoría que votó la condena.

"Tal punto de partida es erróneo", insiste el fiscal, para rcordar que el valor de las sentencias "no decrece ni se altera por votos particulares cuyo valor se agota en la constatación de la discrepancia".

Después de hacer estas apreciaciones, rechaza los recursos de los condenados por el "caso Marey" que han solicitado el amparo al Constitucional (todos excepto José Amedo) y no acepta ni siquiera una de sus alegaciones.

Para el fiscal, el juez Garzón actuó correctamente, como queda de manifiesto en la sentencia, y no retrasó la instrucción de esta causa,ni tenía interés manifiesto en la misma, ni enemistad con algunos de los investigados y luego condenados.

Además, sobre la valoración de la prueba de cargo, el fiscal opina que hubo pruebas "suficientes" para desvirtuar la presunción de inocencia, ya que las contradiciones entre las declaraciones de los acusados fue analizada y ponderada por la Sala de lo Penal del Supremo, durante el juicio oral y "ha considerado más creíble la que ha estimado oportuna".

Sobre la prescripción de los delitos, el iscal asegura que no se trata aquí de un tema constitucional y recuerda que el Tribunal Supremo maneja dos líneas jurisprudenciales y es libre para señalar cuando se aplica una u otra.

Finalmente, sobre las coacciones a testigos en la fase de instrucción llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón, sobre todo al ex policía Míchel Domínguez, el fiscal considera que no se han acreditado y, por lo tanto, no pasan de meras conjeturas.

Si el Tribunal Constitucional decide seguir las tesis marcadas por l fiscal, José Barrionuevo, Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Miguel Planchuelo y Ricardo García Damborenea tendrían que regresar a prisión (en principio en tercer grado) hasta cumplir la parte de los 3 años y 4 meses que deben estar en la cárcel para acceder a la libertad provisional.