El Tribunal Supremo condenó a Alvarez a 9 años y seis meses de cárcel, además de a 11 años de inhabilitación absoluta, por sendos delitos de secuestro y malversación de caudales públicos en el "caso Marey".

Murillo explicó que ha previsto que la sentencia ya haya sido ejecutada cuando el Constitucional decida si admite o no el recurso presentado, por lo que en su escrito solicita la suspensión de la sentencia, pero no del ingreso en prisón de su cliente.

Tras esta matización, el letrado detalló que en el recurso alega que las pruebas presentadas durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey para condenar a su cliente no son suficientes.

En concreto, el letrado se refirió al comunicado telefónico, enviado en su día a la Cruz Roja de San Sebastián, en el que se proponía "cambiar" a Marey por cuatro policías españoles presos en Francia, detenidos cuando trataban de apresar al etarra Goñi Larratxea. Para Murillo, esta prueba "o destruye" la presunción de inocencia de su cliente.

Hay que recordar que, en respuestas a las preguntas formuladas por el fiscal José María Luzón durante el juicio, Alvarez negó que él o alguno de los que participaron en la operación hubieran sido autores de ese comunicado, del que dijo que recordaba "con disgusto".

PRESCRIPCION

Murillo añadió a esta agencia que el recurso insistirá en la teoría de la prescripción de los delitos juzgados en el "caso Marey", de acuerdo con lo que establece la egislación vigente, una teoría que también manejaron otros abogados de la defensa durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey.

Según sostuvieron las defensas del "caso Marey" en su día, para los delitos de malversación de fondos y colaboración con banda armada la prescripción quedaba fijada en los 10 años, mientras que el fiscal la establecía a los 15.

Por otro lado, en el capítulo de la detención ilegal surgieron diversas dudas, ya que la caducidad quedaba a tenor de una especial caracteística penal: en caso de que la libertad del detenido sea realizada bajo alguna condición, la responsabiliddad penal del delito no prescribe hasta hasta los 15 años.