José Luis Galán, letrado que representa la acción popular en nombre de 104 ciudadanos españoles, acusa a los arriba citados de tres delitos: pertenencia a banda armada (12 años de prisión), detención ilegal (10 años) y malveración de fondos públicos (8 años).

Además, en cuanto al delito de pertenencia a banda armada, se suma el agravante de prevalerse del carácter de cargos públicos de los acusados, mientras que en el delito de detención ilegal concurre el agravante de ensañamiento en la persona de Segundo Marey.

DOS NUEVOS DELITOS

En el escrito, la acción popular solicita la imposición de penas de 38 años de prisión para el ex jefe superior de la Policía de Bilbao Francisco Alvarez al que, además de imputar el reso de delitos ya citados, acusa de proposición para el asesinato (5 años de prisión) y tenencia ilícita de explosivos (otros 5 años de cárcel).

Además, se solicitan penas de 28 años de prisión para el ex jefe de la brigada de información de la Policía de Bilbao Miguel Planchuelo y 20 años para los policías Miguel Hierro y Francisco Sainz Oceja. Además, pide 10 años de cárcel para otros dos policías, Luis Hens y José Ramón Corujo.

Finalmente, pide 14 años de cárcel para el ex comisario José Amedo pr detención ilegal y malversación de fondos públicos y 10 años de prisión para el ayudante del anterior, Michel Domínguez, a quien únicamente acusa de detención ilegal.

El escrito de la acusación popular pide también 20 años de prisión para el ex secretario de los vizcaínos Ricardo García Damborenea, a quien acusa de pertenencia a banda armada y detención ilegal.

FELIPE GONZALEZ

En este sentido, la acción popular señala a Felipe González, a quien califica como el "encargado de conducir la luchacontra el terrorismo en su conjunto", como quien decidió el inicio de las supuestas actuaciones delictivas de los GAL como método de lucha sucia contra ETA.

Según el escrito de la acusación, a lo largo de 1993 tuvieron lugar diversas reuniones entre García Damborenea, Rafael Vera y José Barrionuevo en las que se trató de conseguir un "consenso político" para actuar.

"Fruto de ese consenso político (...) el entonces presidente del Gobierno Felipe González Márquez (que tampoco es objeto de enjuiciaiento por la expresada voluntad de la Sala) tomó la decisión del inicio de las expresadas actividades", puntualiza el escrito de la acción popular.