Buró Oficinas S.A. acusó a Marco de haber utilizado un sillón valorado en 69.000 pesetas en la decoración de su domicilio en 1990 que fue abonado por la Diputación Provincial de Zaragoza.

Según la empresa de mobiliario de oficinas, la factura satisfecha por la diputación encubría el mencionado pago bajo la anotación contable de "restauración de varias sillas del Palacio de Sástago".

Tras la publicación del caso por un medio de comunicació, se produjo un intercambio de acusaciones y reproches entre el Gobierno autónomo, la empresa y el rotativo, que originó la apertura de diligencias por parte del TSJA por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, calumnias y falsificación de documento público.