Blanco-Magadán dijo que "existen dos tipos de inconvenientes" para hacer frente a unas ayudas como las que reclaman las organizaciones agrarias.

Por un lado, la escasez de recursos económicos disponibles, "ya que las restricciones presupuestarias son muy grandes y con las medidas que estamos estudiando proponer al Consejo de Ministros hará falta una participación importante de las comunidades autónomas", y por otro, la poca concreción de las organizaciones agrarias en su propuesta. El subsecretario de Agricultura explicó que "el Gobierno no puede dar ayudas directas sin concretar más el mecanismo que se desea aplicar para otorgarlas; y si la petición se refiere a los pequeños y medianos agricultores, estamos estudiando medidas que, indirectamente, repercutirán en los titulares de esas explotaciones".

Tras reiterar que existen fuertes limitaciones presupuestarias, expresó la preocupación del ministerio por "abrir el grifo", ya que se trata de un sector que "a poco que se apruee", las cantidades de dinero que hacen falta son "elevadísimas". "La última sequía de proporciones similares a la actual le costó al Estado unos 100.000 millones de pesetas", recordó.

Blanco-Magadán señaló que, además de los contactos con las organizaciones agrarias, Agricultura lleva varios días discutiendo medidas de choque contra la sequía con las comunidades autónomas y se mostró convencido de que la colaboración de los gobiernos regionales en la financiación de ayudas será satisfactoria.

Incuso, agregó, los representantes del MAPA en Castilla y León tienen avanzadas algunas medidas concretas con la Junta de Comunidades, como la sustitución por piensos de los pastos que se han visto afectados por la falta de agua.

El objetivo del Ejecutivo central es lograr que los gobiernos autónomos se corresponsabilicen financieramente y subvencionen en parte los créditos "blandos", con un interés de entre el 2 y el 4 por ciento, que Agricultura quiere proponer al Consejo de Ministros para los agricultres y ganaderos de secano que no disponen de seguros de riesgo.

Además, el MAPA estudia la posibilidad de solicitar al Consejo la concesión de moratorias en los pagos de la factura del agua, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las cotizaciones a la Seguridad Social, así como la extensión del derecho a cobrar el seguro a todos los titulares de pólizas, independientemente de que cumplan o no las condiciones para hacer efectivo el seguro.

Blanco-Magadán expresó su confianza en que el Gobierno apuebe las medidas propuestas por Agricultura, ya que son el resultado de contactos mantenidos previamente con los responsables de los ministerios afectados.