Con 17 votos a favor y 4 abstenciones, los vocales del máximo organismo judicial firmaron un acuerdo por el que rechazaban n sólo las expresiones utilizadas por el vicepresidente, sino también las referencias al alcance de sus funciones, por considerar que el Consejo está ejerciendo, "como órgano constitucional", las competencias "que legalmente le están atribuidas".

Según declaró el presidente del CGPJ, Pascual Sala, esta reprobación no supone una moción de censura al vicepresidente y en ningún momento se planteó la posibilidad de forzarle a dimitir.

Afirmó que no se le va a exigir tampoco una rectificación pública n privada a sus declaraciones, ya que el pleno respeta su derecho a ejercer la libertad de expresión y "a él compete si debe rectificar o no".

Sala aseguró que "personal e institucionalmente" seguía confiando en Manzanares y que estas declaraciones no han producido ningún debate entre los miembros del pleno sobre las competencias que este organismo debe ejercer.

Para Sala y el resto de los vocales del Consejo, no se puede plantear que este organismo esté muerto, cuando el nivel de actividad de losúltimos 10 meses sobrepasa más de 1.000 decisiones en materias disciplinarias, 500 convenios firmados y multitud de informes, dictámenes, estudios y reuniones internacionales realizados que, de cara al futuro, se traduce en un incremento del 120 por ciento en su presupuesto.

"De los únicos tres sistemas de autogobierno judiciales que hay en el mundo (Italia, Portugal y España), el español es el que más competencias tiene. A partir de ese dato se puede discutir todo", manifestó Salas.

Además, negóque en el Consejo se estuviera atravesando un período de crispación entre sus componentes. "El resultado de esta votación, con 17 vocales, de los 21 existentes, de acuerdo en el mismo tema, deja bien claro que no puede haber una confrontación en el seno del Consejo", dijo.

NO DIMITIRA

Por su parte, José Luis Manzanares tomó estas reprobaciones como una crítica a la forma y no al fondo de sus declaraciones y entendió que el malestar se produjo porque de sus palabras podía interpretarse que en el Consjo no se trabaja lo suficiente, cuando quería expresar "que no rinde lo que debiera".

El vicepresidente no se mostró preocupado por el hecho de que los otros vocales elegidos por el PP, formación que también le designó a él, votasen en su contra, porque "la mayoría de los vocales están de acuerdo en que el Consejo debe asumir más compEtencias, pero cada uno discrepa en qué momento y en qué grado; los que piensan que éste es el sistema ideal son minoría".

Manzanares explicó ante el pleno el contexo de sus palabras, dejando bien claro ante todo que fueron sus propias opiniones, y no las del Consejo, las expresadas. "Tengo derecho y deber de hacerlo sin pedir opiniones, porque a nadie le interesa que quede en entredicho la independencia de los miembros del Consejo", comentó.

Ratificó sus declaraciones e incluso dijo "haberse quedado corto" en sus preocupaciones por el deficiente estado de la Justicia.

Sobre el Consejo, reiteró que, aparte de su función en materia disciplinaria, su actividadse reduce al nombramiento de presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo y a un mero "asesoramiento del poder Ejecutivo".

"En el Consejo trabajamos mucho", especificó, "pero agota parte de su labor en trasladar, pedir y sugerir al Ministerio de Justicia".

El vicepresidente propuso incluso ante el pleno "la celebración de cuantos plenos sean necesarios para abordar ampliamente los problemas planteados en la Justicia" y aseguró que si algo bueno ha tenido la repercusión de sus declraciones es el hecho de que se haya abierto un debate sobre el estado actual de ésta.

DE LA QUADRA

Por otro lado, el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, señaló hoy en el Congreso que "llama la atención" que una persona elegida recientemente para ocupar un cargo en el Consejo General del Poder Judicial cuestione el funcionamiento de la institución.

El ministro añadió que si el papel del CGPJ tuviera que ser matizado por alguien, los encargados de ello serían el pueblo español, del que eman la Justicia, y los grupos políticos parlamentarios.