El secretario general de este colectivo de funcionarios, Miguel Bernad, dijo a Servimedia que el equipo jurídico de su sindicato está pensando "muy seriamente" proceder contra el fiscal general, ya que "ha podido incurrir en un presunto delito de prevaricación".

Según Bernad, resulta "increíble" que el responsable del Ministerio Público, que tiene como obligación velar por el interés común, "se haya posicionado de parte unos imputados" pese al pronunciamiento del TSJPV.

A su juicio, en el auto por el que la Justicia vasca reabre el "caso Atutxa" hay "indicios más que presuntos" de que el presidente de la Cámara vasca y varios diputados pudieron cometer un delito de desobediencia al negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak.

Añadió que a la "aberración" cometida en su momento por la Fiscalía al no recurrir el archivo de la causa se suma el que ahora Conde-Pumpido anuncie que pedirá la absolución de los imputados.

A este respecto, Bernad opinó que "lo que se esconde detrás de todo esto es la negociación que el Ejecutivo de la nación está llevando a cabo con el tripartito vasco", en la cual, a su juicio, el fiscal general ha sido utilizado.