Los tres altos mandos militares que comparecieron hoy ante el juez señalaron que como consecuencia de la participación española en la guerra de Iraq, del despliegue de tropas en Afganistán y de las operaciones llevadas a cabo tras la catástrofe del buque "Prestige" frente a las costas de Galicia, el Ejército tenía "limitaciones técnicas y presupuestarias" que pudieron tener cierta incidencia en el accidente de Turquía.

Con la comparecencia de los tres militares de hoy, ya han declarado ante el juez Grande-Marlaska los cinco máximos responsables de la cúpula militar en 2003 a los que decidió imputar un delito de 62 homicidios por imprudencia grave por su participación en la contratación del Yak-42.

El primero en declarar hoy como imputado fue el jefe de división de operaciones del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el contralmirante José Antonio Martínez, quien dijo ante el juez no poder explicar cómo no conoció las quejas que había sobre la seguridad de los vuelos de transporte de las tropas.

Martínez, al igual que sus compañeros, admitió haber recibido con anterioridad al accidente del Yak-42 "cuatro o cinco quejas", pero referidas a cuestiones como "el 'catering' o los retrasos", y aseguró que nunca se enteró de las protestas elevadas por los militares a cuenta de la falta de seguridad en los vuelos.

Estas palabras corroboran la versión de los hechos presentada el lunes ante el juez por los que eran los dos máximos responsables de la cúpula militar en el momento del accidente, el ex jefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), almirante general Antonio Moreno Barberá, y el entonces jefe del Emacon, el general de división Juan Luis Ibarreta, también imputados en la causa.

Moreno e Ibarreta aseguraron ayer en su declaración ante Grande-Marlaska que no llegó ninguna queja a la cúpula militar y que, por lo tanto, "no existían motivos" para dudar de la seguridad de los vuelos en los que eran transportados los militares en misiones en el exterior.

Sin embargo, muchos militares y personas civiles, entre la que se encuentra el presidente del Congreso y ex ministro de Defensa, José Bono, afirmaron que las quejas eran conocidas por la cúpula militar.

En su declaración como testigo, Bono aseguró que antes del siniestro del Yak-42 existían al menos 18 quejas sobre las deficiencias de los vuelos, y afirmó que al menos una de estas denuncias, en concreto una elaborada por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (Ciset), llegó vía fax al gabinete del Ministerio dirigido en aquella época por Federico Trillo.

FALTA DE CAPACIDAD

El contralmirante Martínez dijo al juez que "está clarísimo" que los mandos militares no tuvieron ninguna responsabilidad en el accidente y explicó que la cúpula -Emacon y Jemad- no tenían ni competencia ni "capacidad técnica" para el control de la seguridad de los vuelos.

De hecho, señaló que la responsabilidad de control de las condiciones de los vuelos estaba prácticamente delegada en Namsa, la agencia de la OTAN a través de la cual el Ministerio de Defensa subcontrataba los aviones, y puntualizó que los militares tan sólo realizaban una "ligera" revisión que consistía en la inspección ocular del exterior de los aparatos.

El segundo militar imputado que declaró hoy ante Grande- Marlaska, el coronel de la Sección de Logística de la División de Operaciones del Emacon, Joaquín Yáñez, también dijo no entender cómo desde su departamento no se conocieron las quejas sobre las seguridad en los vuelos que tuvieron lugar con anterioridad al siniestro del Yak-42.

El coronel Yáñez también admitió que en 2003, como consecuencia de las operaciones en la guerra de Iraq, había una "cierta necesidad de flexibilidad" en cuestiones como el transporte aéreo de las tropas.

Asimismo, reveló que el 22 de mayo de 2003, cuatro días antes de la muerte de los 62 militares españoles que viajaban a bordo del Yak-42, miembros del Emacon se reunieron con los responsables de Chapman Freeborn, la empresa a la que Namsa recurrió para el alquiler de los aviones y que contrató el Yakovlev a la compañía ucraniana UM Air Lines.

Por último, declaró ante el juez el comandante de la Sección de Logística de la División de Operaciones del Emacon, Alfonso Elías Lorenzo, también imputado en la causa, quien explicó que las autoridades militares españolas tan sólo fijaban el lugar de origen y destino de los vuelos para el transporte de las tropas y la fecha en la que debía producirse, mientras que la ruta exacta y los aeropuertos de escala eran competencia de la compañía aérea.