Los jóvenes catalanes Antonio Sánchez y David Molina pertenecían a la misma compañía que los 18 ex reclutas que se fugaron para denunciar malos tratos y novatadas ante los medios de comunicación y cuatro de cuyos mandos han sido condenados a penas de entre 5 meses y un año de prisión por abuso de autoridad y malos tratos a los soldados.

Ests dos jóvenes se enfrentan a una posible pena de seis meses de prisión para cada uno de ellos, según la petición del fiscal, que les acusa de un delito de abandono de destino.

Según informó a Servimedia Tomás Gisber, portavoz de Informació per a Defensa dels Soldats, los dos jóvenes realizaban el servicio militar en la base General Asensio de Palma de Mallorca, donde se habían incorporado el día 18 de febrero de 1993. A los dos meses, cuando disfrutaban de un permiso, decidieron no reincorporarse al cartel aduciendo las novatadas y malos tratos que recibían en el interior.

Poco después dieron a conocer a los medios de comunicación su decisión de no volver y denunciaron los hechos al Juzgado Togado Militar de Mallorca. Este juzgado abrió dos causas, una por la denuncia que habían hecho y otra contra ellos dos por abandono del servicio.

Según el citado portavoz, la investigación abierta a partir de la denuncia de los dos jóvenes no fue muy escrupulosa y el caso se cerró sin ninguna consecuenciay sin posibilidad de recurso. Sin embargo, se dejó abierta la causa por el delito de deserción de ambos.

Antonio y David estuvieron en situación de búsqueda y captura, y luego pidieron pasar el tribunal médico, que determinó su exclusión del servicio militar por causas psíquicas, derivadas, al parecer, de todo lo que vivieron en la COE.

Gisbert denunció el hecho de que en la justicia militar no se admite la acusación particular ni la acción popular, es decir, que la investigación corre a cargo exlusivamente del juez y del fiscal militar.

Según explicó, si el denunciante tiene una relación de subordinación con los denunciados no puede actuar como parte. Es decir, los dos reclutas no han tenido ningún representante suyo en esta denuncia, como tampoco lo han tenido los otros 18 reclutas de la COE de Palma.

De hecho, Informació per a Defensa dels Soldats se ha presentado como acción popular en la causa, lo que ha sido denegado por el tribunal. Ante esto, han recurrido al Tribunal Constitucioal y se encuentran a la espera de que éste determine si es inconstitucional impedir la acción popular en los juicios militares.

El portavoz de esta oficina catalana de atención al soldado relató que los jóvenes denunciaron todo tipo de malos tratos: "En los dos meses que estuvieron en la COE de Palma de Mallorca durmieron una media de tres horas al día, porque pasaban todo tipo de novatadas, como duchas de agua fría, les hacían dormir con la ropa mojada".

"A uno de ellos, el cabo primero le hizo huparle los dedos de los pies y al negarse le hicieron hacer cien flexiones. El alférez también le pegó y el cabo primero tenía una pistola de balines y cuando los reclutas estaban por la compañía barriendo o limpiando les disparaba balines a las piernas o les amenazaba con la pistola descargada apuntándoles a la sien o la boca", relató.