El caso se verá mañana en el Supremo tras cuatro años de instrucción, 2.000 folios de sumario y tres ámbitos de jurisdicción (juzgado ordinario, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y Tribunal Supremo). Contará con la presencia de 50 testigos, que desfilarán a partir de las 10,30 de la mañana por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El tribunal estará presidido por el magistrado José Augusto de Vega, que conoceá los hechos denunciados en marzo de 1991 por el Partido Socialista de Castilla y León, cuando remitió a la jurisdicción ordinaria indicios de la concesión irregular de ayudas públicas a empresas mineras de la provincia de León, por parte del entonces titular de la Consejería de Economía.

La denuncia se trasladó a los tribunales ordinarios después de que la mayoría parlamentaria del Partido Popular en las Cortes regionales rechazara la petición de una comisión de investigación solicitada por el PSOE pra conocer cómo se otorgaron más de 1.500 millones de pesetas de ayudas en tres años a empresas mineras de León.

La instrucción previa recoge como declaración fundamental la realizada por el jefe de servicio de Minas, Santos Antón Alfonso, quien manifestó que en junio de 1991 se negó a firmar la concesión de una ayuda a la empresa Recursos Naturales SA (Renasa) por importe de 135 millones de pesetas y que por este motivo recibió represalias, ya que posteriormente el entonces consejero de Economía le ausó de estar relacionado con el sindicato CSIF y de ser una persona "dirigida por el Partido Socialista".

Las tres sociedades que recibieron las ayudas de la Junta de Castilla y León son Renasa, Minas de Ventana y la Asociación de Empresarios de Minas de Antracita, a la que el Gobierno de José María Aznar concedió dos subvenciones en el año 1989 por importe de 35,2 y 14,7 millones de pesetas y que, según las acusaciones del caso, no podría recibir ayudas porque no tenía actividad minera.

La emprea Renasa recibió en 1988 tres subvenciones distintas, por importe de 58,5, 40,3, y 38,9 millones de pesetas, respectivamente, mientras que Minas de Ventana obtuvo otra ayuda en 1988 de 15,5 millones de pesetas, siempre según las acusaciones.