Los procesados, que son un total de 22 personas, están acusados de manifestación ilícita, daños continuados así coo de incendio, ya que durante los meses posteriores al destrozo de las casas, tres personas intentaron en varias ocasiones quemar las viviendas gitanas del pueblo.

El alcalde y los concejales deberán afrontar, además, como funcionarios públicos la acusación de atentar contra el derecho fundamental de residencia de las personas.

En conjunto, el fiscal solicita penas que suman 130 años de cárcel, así como cerca de 15 millones de pesetas por los daños morales y materiales causados a las familias gitnas afectadas. Por su parte, la acusación particular pide más de 160 años de cárcel y 85 millones de indemnización.

Los hechos que juzgará la Audiencia de Jaén ocurrieron en la madrugada del sábado 18 de mayo, al producirse una pelea a las puertas de un bar de la localidad entre un clan gitano y varios miembros de una familia paya, en la que resultó muerto el payo Angel Arroyo Ibáñez. Por este asesinato, fueron condenados cuatro gitanos a 42 años de cárcel.

Tras este suceso, el alcalde de la locaidad convocó un pleno extraordinario en el que pidió que las familias gitanas abandonase el pueblo. Tras el pleno, la corporación encabezó una manifestación ilegal, a la que siguió otra al día siguiente en la que se produjeron acciones violentas contra las viviendas de los gitanos, quienes habían abandonado el pueblo el día anterior.

Al juicio por estos sucesos han sido llamados a declarar más de 70 testigos, entre los que figura el gobernador civil de Jaén, Joaquín Rodríguez Molina.

Durante los ltimos días, la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) ha realizado una campaña para promover la asistencia a esta vista de personalidades y asociaciones de carácter progresista, y ha distribuido carteles en los que pide justicia al máximo tribunal.