Se trata de una norma que pretende actualizar los mercados financieros y reforzar la protección al inversor.

Asimismo, adapta los requisitos de organización exigibles a las entidades que presten servicios de inversión para garantizar que su organización se adecúa a la compleja gama de servicios que prestan y mejora las potestades supervisoras de la CNMV.

Además, la norma fomenta la cooperación entre los distintos organismos supervisores de la Unión Europea.