La ley regula el uso de medios audiovisuales por parte de la policía para registrar el sonido y las imágenes de concentraciones ciudadanas cuyo desarrollo constituya una alteración del orden público o cualquier otro tipo de delito tipificado en el Código Penal.

El móvil de la ley, aprobada po el Congreso el pasado día 17 de julio, es la prevención de actos delictivos, así como la protección de las personas y la conservación y custodia de bienes que se encuentren en situación de peligro, especialmente cuando las actuaciones perseguidas sucedan en espacios abiertos al público, tal y como señala el preámbulo del dictamen legislativo aprobado en el Parlamento.

La iniciativa de crear esta ley corresponde al Ministerio del Interior y a la Consejería de Interior del País Vasco, primera comunidadque hará uso de este nuevo sistema para combatir la violencia callejera que protagonizan periódicamente grupos vinculados al Movimiento de Liberación Nacional Vasco y a ETA.

Las garantías que introduce la ley en el uso de los sistemas audiovisuales previstos parten del establecimiento de un régimen de autorización previa para la instalación de videocámaras, que estará bajo el control de una comisión que presidirá el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente.

Asimismo,la instalación de videocámaras fijas o el uso de videocámaras móviles en el lugar que la policía considere adecuado deberá ser advertido a la población con tiempo suficiente. Las personas interesadas podrán ejercer el derecho de acceso y cancelación de las imágenes en que hayan sido recogidos.

Una de las novedades que recogió la nueva normativa durante el debate político final es la que permite a las policías locales utilizar las videocámaras para grabar cualquier altercado que suceda en lugares públios de las poblaciones donde la seguridad sea materia de su competencia.

El texto final de la ley contó en el Congreso con el apoyo de 289 parlamentarios y el voto en contra de IU, Bloque Nacionalista Galego y Eusko Alkartasuna.