El derecho al acceso a la información relativa al medio ambiente abarca toda la disponible por las administraciones competentes, referida al estado de las aguas, el aire, el suelo y las tierras, la faua, la flora y los espacios naturales, así como los programas y planes de gestión ambiental y las actuaciones o medidas de protección.

La nueva ley establece que las solicitudes de información se resolverán en el plazo máximo de dos meses, aunque la Administración podrá imponer precio a este servicio.