Sin embargo, u aplicación práctica no tendrá lugar hasta enero, una vez que el Gobierno tenga finalizados los reglamentos que desarrollan el decreto-ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, junto con dos proyectos de ley que completan la reforma del mercado de trabajo.

El contrato de aprendizaje va destinado a jóvenes entre 18 y 25 años sin titulación universitaria o formación profesional, tiene una duración de entre 6 meses y tres años y su retribución no podrá ser inferior al 70 (primr año), 80 (segundo) y 90 (tercer ejercicio) por cien del Salario Minimo Interprofesional.

Con la creación del nuevo contrato de aprendizaje, desaparece el de formación. El contrato de prácticas, por su parte, ve reducido su período máximo de duración de tres a dos años, mientras en el de tiempo parcial desaparece el tope actual que reduce esa modalidad para jornadas inferiores a dos tercios de la jornada habitual.

Según el decreto-ley publicado hoy en el BOE, el trabajador se entenderá contratad a tiempo parcial cuando preste servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior al considerado como habitual en la actividad de que se trate en dichos períodos de tiempo.

El decreto-ley introduce también cambios en el contrato de relevo y en el de fomento del empleo, y establece que los contratos de fomento del empleo cuya duración máxima finalice entre en 1994 podrán ser prorrogados por una sóla vez por un plazo máximo de año y medio.

Además, el decreto-ley eliina la obligación de las empresas de contratar a través del Inem y supone el primer paso para la legalización de las empresas de trabajo temporal, que se regulan en uno de los proyectos de ley aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

Tanto este proyecto de ley como el que introduce cambios en los despidos, la movilidad geográfica y funcional y la negociación colectiva, fueron remitidos al Consejo Económico y Social (CES) el pasado sábado, para que elabore el dictamen preceptivo a su trmitación en las Cortes.

El Gobierno justifica la aprobación del decreto-ley sobre contratos en que "la gravedad de la situación económica y su incidencia en el mercado de trabajo concede prioridad a la necesidad de acometer, de manera decidida y urgente, la reforma de las relaciones laborales con el objetivo de luchar contra el paro y potenciar nuestra capacidad generadora de empleo".