El objetivo de esta Convención, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, es "elaborar detalladamente los derechos de las personas con discapacidades y establecer un código de aplicación", según afirmó en su día el embajador neozelandés Don MacKay, presidente del Comité Especial que negoció el texto.

En virtud de este texto, los países que se unan a la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en el documento y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.

El texto entra en vigor mañana tras haber sido ratificado por España el pasado día 3 de diciembre y después de que otros 20 países la hayan ratificado también, una condición necesaria para que la Convención pueda entrar en vigor.

Como forma de implicar a España aún más en la Convención, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha propuesto al Gobierno que presente la candidatura de alguna persona española procedente del mundo asociativo y con acreditada trayectoria en derechos humanos y discapacidad para formar parte del Comité de Seguimiento, órgano encargado de vigilar la aplicación y cumplimiento de los mandatos del tratado.