El fiscal pide un total de 13 años de prisión para siete de los implicados, mientras que absuelve de toda responsabilidad al ex concejal del PSOE del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Horcajo -procesado por no haber ordenado la inspección del local-, por estimar que el edil tenía la facultad, pero no la obligación, de revisar la discoteca.

El ministerio público pide sin embargo un año de risión para Guillermo Herranz Acero, vocal de la antigua Junta Central Consultiva de Inspección de Espectáculos, dependiente del Ministerio del Interior, por delitos de falsedad relativos a las inspecciones del local.

Las penas más duras corresponden a los cinco propietarios de la discoteca, que se enfrentan a condenas que oscilan entre los seis meses de arresto y los cuatro años de cárcel, por delitos de imprudencia temeraria, delito continuado de falsedad en documento oficial y otro continuado de us de documento oficial falso.

Los propietarios, Juan Antonio Iglesias Alcalde, Emilio Urdiales Sánchez, Carlos José Mendoza Millán, Doroteo Martín Gómez y Pedro Rascónpermanecen en libertad bajo fianza de 10 millones de pesetas por ser considerados los máximos responsables de la tragedia por no guardar las normas de seguridad requeridas.

El fiscal imputa también a Miguel Gabaldón Gómez, ingeniero técnico industrial, un delito de falsedad por el informe que realizó sobre las instalaciones eléctrias de la discoteca.

Según consta en el escrito de acusación, los propietarios habían elegido para la decoración de la sala materiales altamente inflamables. Así, las paredes estaban revestidas por textiles a base de algodón y, en la mayoría de los casos, disponían de una base de poliuretano.

Del techo colgaban tejidos compuestos de fibras artificiales y de algodón, que no estaban ignifugados, y los asientos estaban rellenos de espuma de poliuretano. El suelo era de moqueta, las barras de madera yhabía numerosas sombrillas de tela.

La discoteca no disponía tampoco de dos cuadros diferenciados de alumbrado, las puertas de emergencia estaban distribuidas de forma irregular y la profundidad de la sala no era la establecida en las normas.

El retraso en el proceso judicial responde en parte a la larga negociación emprendida por la Administración y los afectados para establecer el pago de las indemnizaciones, que ascienden a 1.150 millones de pesetas.

El ministerio del Interior, como resposable civil subsidiario, y el Ayuntamiento de Madrid acordaron el pasado año pasado indemnizar a familiares y afectados con 13,5 millones de pesetas por cada víctima mortal.