Asimismo, las mujeres que sufran malos tratos podrán acceder a estos formularios en dependencias de la policia nacional, local, autonómica, Guardia Civil, juzgados, oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependendientes de las administraciones públicas.

El formulario de solicitud de orden de protección ha sido elaborada por la comisión deseguimiento de la implantación de la Ley de Orden de Protección, constituida hoy oficialmente, y que está integrada por representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de las profesiones jurídicas, de los ministerios de Interior, Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales, así como de las comunidades autónomas y locales.

López explicó que el formulario de orden de protección recogerá los datos del organismo receptor de la solicitud, de la víctima de malos tratos, dl solicitante que no sea víctima, de la persona denunciada, de la relación víctima-persona denunciada, de la situación familiar, así como una descripción de hechos denunciados que fundamentan esta orden de protección.

El portavoz del CGPJ destacó que la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en esta orden de protección permitirá a las víctimas de malos tratos estar protegidas de sus agresores desde el momento en que presentan esa solicitud de protección.

"Estamos ante un ejeplo más de lo que se ha venido a denominar derecho penal tuitivo, derecho penal tutelar, que lo que trata es de proteger a la víctima desde el momento en se produce la denuncia" de malos tratos, subrayó.

La Ley de Orden de Protección estipula que los jueces tendrán que pronunciarse en un plazo de 72 horas sobre estas solicitudes de orden de protección. En este sentido, Alberto Dorrego, director general para la modernización de la justicia, señaló que la entrada en vigor de la Ley de Juicios Rápidos esfundamental en la aplicación de esta orden de protección.

Por su parte, la secretaria general de Asuntos Sociales, Lucía Figar, destacó que las víctimas de violencia doméstica cuentan, con la aplicación de esta orden, con ayudas en el ámbito social, económico y asistencial desde el momento en que solicitan protección.