Los representantes del PP, PSOE, CiU, IU, PNV,Coalición Canaria y el Grupo Mixto aprobaron por unanimidad las conclusiones de esta subcomisión, creada a instancias de la diputada de Izquierda Unida Marisa Castro.

Estas conclusiones serán aprobadas en la Comisión de Política Social y Empleo, y posteriormente en Pleno, en forma de proposición no de ley, y paralelamente se concretará la orden de protección que se elabora actualmente en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía y el Ministerio de Justicia.

Esta oden, que podría entrar en vigor el 28 de abril, junto a la puesta en marcha de los juicios rápidos, permitirá que tras una denuncia de la propia víctima u otra persona, o el aviso de los servicios sociales o sanitarios, se pongan en marcha de manera inmediata todos los mecanismos penales, sociales o civiles de los que pueda beneficiarse la mujer maltratada.

Una vez aprobada esta orden en unas horas por el juez de guardia, la vivienda se adjudicará a la víctima, se articularán los mecanismos de proteccón física, y se le dotará de la renta de inserción activa durante dos meses, sin necesidad de esperar tres meses para empezar a percibirla, como ocurre con la regulación actual.

Las medidas que suponen reformas penales y procesales, explicó Diego López Garrido, entrarán en el Parlamento antes del verano, y se aprobarían definitivamente antes de que acabe este año, con el fin de que las partidas económicas necesarias para aplicarlas sean aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado.

PACTO DE ESADO

Los representantes de los grupos de esta subcomisión se se felicitaron por este "consenso" que, para Marisa Castro, supone el primer "pacto de Estado" en defensa de las mujeres, por lo que se confesó "feliz" de que haya vencido en el Parlamento el "valor del consenso", que considera "intrínsecamente femenino".

María Jesús Sainz, del PP, recalcó la importancia de las medidas que se podrán en marcha a raiz de este acuerdo, tanto de carácter penal y procedimental como educativas, sanitarias, asitenciales y económicas. Puso como ejemplo el fondo de garantía de pensiones, que será financiado al cincuenta por ciento por las comunidades autónomas.

En nombre del PSOE, Micaela Navarro subrayó que con esta iniciativa se pretende no sólo paliar los efectos de la violencia, sino "erradicar sus causas", y supone una respuesta "ágil y rápida" a las víctimas, protegiendo no sólo su "vida y su salud", sino también su solvencia económica.

SIN VUELTA ATRAS

Margarita Uría, del PNV, subrayó que, a difrencia de otras subcomisiones, que suelen quedar en una mera declaración de intenciones, en este caso se han podido dar los pasos para cubrir las lagunas en el Código Penal y la normativa civil. Además, se ha hecho de tal forma, dijo, que el Gobierno no se podrá "volver atrás", y tendrá que promover o apoyar las reformas legales necesarias.

La representante de Coalición Canaria, Mar Julios, considera este acuerdo un "importante salto cualitativo" desde que Castro presentó su moción, cuando los grupos ntraron al Pleno con discrepancias, hasta que han salido, cuatro meses después, "unidos en lo fundamental" para dar esperanza a las víctimas de la violencia de género.

Finalmente, Carlos Aymerich, del BNG, en nombre del Grupo Mixto, subrayó que su presencia en la subcomisión, junto con el socialista Diego López Garrido, demuestra que éste no es un problema exclusivo de las mujeres, y confió en que este "acuerdo de mínimos", a pesar del "clima" de discrepancias de los últimos meses, se plasme en reforms por parte del Ejecutivo.