El informe, aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, propone que se produzcan modificaciones legislativas como la supresión de las faltas en el ámbito familiar y la tipificación de dichas conductas como delito.

La ponencia, compuesta por parlamentarias de las dos Cámaras y sólo un hombre, un senador, pde cambios en el Código Civil para proteger a los hijos de padres maltratadores suspendiendo o limitando las visitas, privando de la patria potestad y exigiendo el pago de pensiones alimenticias.

En cuanto al Código Penal, también debería comprender lo referente a "violencia psíquica", es decir, "trato degradante, amenazas e injurias, insultos, privaciones de libertad, humillaciones, vejaciones, daño de autoestima, temor fundado, y, en definitiva, anulación de personalidad".

Asimismo, el artículodel Código Penal que regula los malos tratos se debe ampliar para que ampare a otros integrantes del núcleo familiar, como hermanos o abuelos.

Los parlamentarios piden también que el Ministerio Fiscal tenga una intervención más activa en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar y que lo haga de oficio, la tipificación de la apología de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones o revisar la eficacia de la pena de arresto domiciliario.

MEDIDAS CAUTELARES FICACES

La instauración de los juicios rápidos en estos casos, la realización preceptiva de dictámenes de los médicos forenses sobre los daños psíquicos o la unificación de los criterios de adopción de medidas cautelares contra los agresores son otras de las recomendaciones del informe de la ponencia.

En este ámbito de las medidas cautelares, los parlamentarios reclaman mejorar la eficacia de la medida de alejamiento para una mejor protección de la víctima, agilizar la inmediata separación del prsunto agresor del domicilio familiar, incluso con privación de libertad en los casos de mayor riesgo, estudiar una reforma de la prisión provisional para que tenga mayor aplicación en estos casos y realizar controles sobre la evolución de la conducta de los agresores en relación con el cumplimiento de las medidas cautelares.

En materia de protección y asistencia a las víctimas y testigos, la ponencia recomienda una mayor reforzamiento de los turnos de oficio especializados en violencia doméstica, artiular fórmulas alternativas para la testificación presencial, que evitasen el acudir a los juzgados, así como proteger a estas personas con cambios de identidad, ayudas económicas o asistenciales, sistemas de telealarma.

El informe también pide estudiar la utilización de sistemas de vigilancia y localización electrónica de los agresores cuando se acuerde libertad provisional y la posibilidad de que el juez civil que conozca el proceso de separación, nulidad o divorcio pueda decretar, por la vía cautela urgente, la detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor.

El grupo de diputadas y senadores incluye en su informe una serie de recomendaciones sobre recursos sociales a poner a disposición de las mujeres maltratadas. Reclaman mejoras en las condiciones y servicios de las casas de acogida para estas personas o medidas para su integración laboral.

INTEGRACION LABORAL

Así, se pide un fomento de las ayudas para la contratación y el autoempleo de mujeres víctimas de malos tratos oestablecer los mecanismos legales oportunos para que las empresas puedan efectuar el traslado de centro de trabajo cuando fuera conveniente para la protección de la víctima.

También se acuerdan de los maltratadores, para quienes piden que se extiendan los programas de rehabilitación, "sin que en ningún caso puedan ser sustitutivos de la pena".

En cuanto al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ponencia de la Comisión Mixta exige que en los Servicios de Atención a la Mujer s cuente con la presencia de, al menos, una mujer policía.

Asimismo, piden más formación específica sobre violencia doméstica para los agentes de la Policía y la Guardia Civil y que se dedique una atención especial a las mujeres en el ámbito rural. Potenciar los sistemas GPS y de telealarma en la lucha policial contra la violencia doméstica es otra de las recomendaciones.

Entre los 59 puntos del informe se incluyen medidas para mejorar la atención sanitaria a las mujeres maltratadas y para difundi los valores de la tolerancia, la no discriminación y la igualdad de género en todos los ámbitos de la educación, así como en los medios de comunicación.

Las conclusiones de esta ponencia serán remitidas a la subcomisión sobre violencia doméstica recientemente creada en el Congreso de los Diputados y que ha de llevar a un pacto de Estado sobre la materia.