Su aprobación en el pleno extraordinario celebrado hoy, tras las enmiendas introduidas en el Senado, permitirá que la orden de protección entre en vigor en el mes de agosto, al día siguiente de su publicación en el BOE.

"Mañana la orden de protección podrá estar en marcha", aseveró en su intervención el ministro de Justicia, José María Michavila. "Mañana estarán en conexión 1.483 juzgados de primera instancia de instrucción o de lo penal, 2.100 comandancias de la Guardia Civil, 486 comisarías, 1.720 fiscales en 70 fiscalías y 82 colegios de abogados", añadió.

No obstante, advitió a los grupos parlamentarios que para que la orden de protección sea eficaz precisa la reforma del Código Penal y de la prisión provisional, reformas para las que pidió el consenso de todos.

Michavila mostró su satisfacción y la del Gobierno por el consenso logrado entre todas las fuerzas políticas para aprobar esta iniciativa. "Es un día importante", aseveró, y "un paso más" para dar al Estado de Derecho medidas más eficaces contra "esta lamentable lacra, de las más negras que quedan en nuestra soiedad".

Por último, expresó su deseo de que no haya "pequeños episodios que puedan empañar el consenso" alcanzado en esta materia, en referencia a la polémica suscitada esta semana sobre el retraso en la aprobación definitiva.

POLEMICA PP-PSOE

Todos los grupos hicieron referencia a esta polémica. La representante del PNV en la subcomisión que elaboró la orden, Margarita Uría, lamentó el "regusto amargo" que ha dejado la aprobación de esta orden, en primer lugar por las dos últimas muertes regisradas esta semana, y, segundo por "la trifulca" y "el cruce de acusaciones" protagonizado por PSOE y PP sobre si la orden se aprobaría o no antes de septiembre.

En cualquier caso, Uría subrayó que la medida aprobada es "un buen instrumento", si bien advirtió que "no es la panacea". En este sentido, Marisa Castro, en nombre de IU, advirtió que, para ser eficaz, la orden precisará de partidas presupuestarias acordes con las medidas que recoge.

Por parte de CiU intervino la diputada Mercé Pigem, quin subrayó que en esta lucha contra los malos tratos "ningún trinunfalismo está justificado". También auguró que la eficacia definitiva de la norma vendrá con la aprobación de las reformas judiciales. Sobre la disputa entre PP y PSOE por la celebración o no de este pleno extraordinario, la diputada de CiU mostró igualmente su "disgusto" por un hecho que, en su opinión, ha erosioando el consenso alcanzado.

La diputada socialista Micaela Navarro recordó las 315 muertes de mujeres registradas desde 1999 hsta junio de 2003 -45 de ellas de enero a junio de este año-, según los datos de las organizaciones de mujeres, y subrayó la necesidad de que esta orden de protección sirva para hacer sentir a las mujeres que están seguras. "Es un paso adelante importante", dijo, en el que hay que seguir profundizando y que precisa de partidas presupuestarias suficientes, concluyó.

UNIFICAR INSTRUMENTOS

La proposición de ley que diseña esta orden de protección fue suscrita por todos los grupos parlamentarios, y elabrada en colaboración con los ministros de Justicia, José María Michavila, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, en a una subcomisión de estudio creada en octubre del año pasado para buscar soluciones a este problema.

Su objetivo es unificar los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de malos tratos, y se dicta tras un "rápido y sencillo" procedimiento judicial cuando se denuncia un delito o una falta relacionada con la violencia de género.

Esta orden podrá ser soliciada por la víctima o sus familiares más cercanos, que tendrán la opción de acudir bien directamente al juez o bien al fiscal, las fuerzas de seguridad, las oficinas de atención a las víctimas o los servicios asistenciales públicos.

La solicitud será remitida de forma inmediata al juez de guardia, que fijará una audiencia urgente con la víctima o su representante, con el solicitante de la orden y con el agresor, todo ello en un plazo máximo de 72 horas.

Además de las medidas cautelares, como el aljamiento, se pueden solicitar otras de carácter civil, como la atribución de la vivienda, el régimen de custodia y visitas a los hijos, o el régimen de prestación de alimentos. Estas disposiciones permanecerán en vigor durante un mes, y después serán ratificadas o modificadas por el juez de primera instancia.

La orden implica el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal o penitenciaria del agresor y el alcance de las medidas cautelares, y quedará inscrita en un Registr Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, donde se consignarán los hechos relevantes de cada caso.