A través de un comunicado, JpD calificó de "desmesurada" la reacción del fiscal, y la atribuyó a que los magistrados contra los que se dirige la querella son "conocidos por haber dictado diversas resoluciones que incomodaron al poder" y que resultaron polémicas, así como "por su compromiso con las víctimas de la violencia de género".

Además, esta asociación estimó que el Ministerio Fiscal debería haber utilizado "la vía de los diversos recursos que ofrece el ordenamiento jurídico,como el recurso de amparo, en lugar de la querella por prevaricación culposa que ha anunciado presentará".

En este sentido, la acción judicial del fiscal se dirige contra los magistrados Ruth Alonso, Nekane San Miguel y Edorta Herrera, miembros de la Sección Primera de la Audiencia de Vizcaya, a los que acusa de cometido prevaricación no intencionada al no aplicar la normativa en vigor sobre malos tratos.

A este respecto, JpD añadió que le extraña que la querella no haya contado con la aprobacióndel Consejo Fiscal, "salvo que lo que se haya pretendido sea la pública descalificación de los magistrados que dictaron la sentencia teniendo en cuenta erróneamente la fecha de los hechos".