En una nota de prensa, el Defensor del Pueblo explica que en el estudio participan especialistas y asociaciones que se ocupan de este problema.

Por otro lado, esta institución recuerda que cada vez que una mujer le ha planteado la falta de atención debida por parte de la policía o los juzgados por sus denuncias de malos tratos, se ha iniciado la investigación oportuna, a fin de solventar las trabas administrativas que se pudiera haber producido.

Así, el Defensor del Pueblo recuerda que en 1995 recomendó a la Delegación del Gobierno en Valencia que en todos aquellos casos de tramitación de denuncias a víctimas de delitos contra la libertad sexual, fuesen funcionarias del servicio de atención a la mujer o personal femenino de la Inspección Central de Guardia, quienes se encargasen de efectuar los trámites, al haber advertido que la intervención de funcionarios masculinos provocaba en las denunciantes una inhibición y falta de osiego en sus declaraciones ante la Policía.

Por otro lado, la institución que preside Alvarez de Miranda practicó en 1996 una investigación ante la Dirección General de la Policía, al objeto de que los equipos de apoyo social de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en los casos en que la víctima del delito fuesen mujeres o menores, contasen con el suficiente personal técnico de servicios sociales que facilitara la tramitación de las denuncias.