De esta forma, el texto resultante propone al Ejecutivo la adopción de las medidas que contribuyan a terminar con estas situaciones y a que el fiscal general del Estado instruya a los fiscales para perseguir estos delitos con especial diligencia, adoptando las medidas cautelares procedentes durante la instrucción.

Asimismo, piden a la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer la redacción de un informe sobre la legislación actual para impulsar las modificaciones legislativas que procedan, tendents a reforzar la protección de las mujeres maltratadas.

La portavoz del Grupo popular en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, María Jesús Sainz, destacó la gravedad del problema, "que no puede consentirse en una sociedad libre y democrática", y la complejidad de los casos de violencia doméstica.

Tras instar a las mujeres a denunciar los malos tratos, manifesto la necesidad de aplicar la ley de forma "firme" para que las penas sean acordes con la gravedad de los delitos, y elogió la labordel Gobierno en la lucha contra estas situaciones.

Por parte del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega recordó que el problema "no es de hoy", sino que arranca de la sociedad patriarcal y la desigualdad entre sexos que provoca. La violencia de las mujeres "tiene que ver con su situación social histórica", aseveró.

Es necesario, por tanto, conocer los elementos que la originan y las medidas más adecuadas para erradicarla. En este sentido, abogó por fomentar la aplicación de las leyesvigentes, entre ellas el actual Código Penal, más que en modificarlas.

María Jesús Aramburu, de Izquierda Unida, denunció la "irresponsabilidad" del Gobierno al abordar el problema y consideró que no es suficiente estudiarlo, sino que hay que "intervenir" para pasar de las declaraciones a las actuaciones.

Cristina Almeida, en nombre del PDNI y de IC, criticó las "declaraciones programáticas" que se suceden en el Parlamento sin que se adopten decisiones para "ejecutar" las medidas necesarias, entr ellas las inversiones económicas imprenscindibles.

Luis Mardones (CC), Margarita Uría (PNV) y María del Carmen Solsona (CiU) coincidieron en apoyar ambos textos por entender que es necesario impulsar las medidas necesarias para acabar con un problema grave que afecta a toda la sociedad.