En nombre del PP, María del Carmen Quintanilla manifestó que todos los grupos parlamentarios "hemos aunado esfuerzos para alcanzar nuevos y ambiciosos objetivos" en la lucha contra los malos tratos y "conseguir la tolerancia cero a la violencia sobre las mujeres".

Subrayó que el Gobierno popular ha asumido su responsabilidad de luchar contra la violencia doméstica con dos planes que han contribuido a "romper el silencio de las mujeres" y crear "concencia social" de que los malos tratos a las mujeres son un atentado contra sus derechos.

No obstante, reconoció que se debe seguir profundizando y estudiando soluciones mientras haya una sola mujer que sufra malos tratos, pues la violencia tiene además una enorme repercusión en la educación de los hijos, que en estos casos "incorporan en su forma de ver la vida una imagen negativa de los demás".

Entre las conclusiones aprobadas por la ponencia recalcó la importancia de la educación para acabar co estos modelos y la necesaria implicación de los medios de comunicación como "vehículos para desmitificar la violencia doméstica".

Mencionó también el papel de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que, si bien han adquirido mayor sensibilización en la atención a las víctimas, deben mejorarla mediante la inclusión de la perspectiva de la violencia de género en los procesos de formación.

El informe habla también de medidas preventivas, sanitarias y sociales, que tienen como fin último la reincorporción de la mujer maltratada al contexto social del que fue apartada por el agresor.

LEY INTEGRAL

Carmen Olmedo, representante del PSOE en la subcomisión, ofreció su respaldo a este informe por "coherencia", aunque expresó la discrepancia de su grupo con el Gobierno en el sentido de que éste se opone a una ley integral que agrupe todas las medidas necesarias para combatir la violencia doméstica.

Consideró "desconcertante" que el Gobierno no vea necesaria una ley específica, y dudó de la "credibiidad" de un Ejecutivo que "miente en un problema que produce tantas tragedias", lo que "provoca cierta alarma".

Por otro lado, criticó que el informe se ha elaborado "precipitadamente", por lo que "viene con muchos errores", pese a lo cual "se ha elaborado un buen documento", en el que confió en que se profundice.

Marisa Castro, de Izquierda Unida, pidió un "abordaje integral de los problemas que tienen las mujeres", con el fin de "cambiar la vida" de éstas y lograr que se reconozca "lo que se no ha negado" siempre: igualdad real de oportunidades.

Por ello, confió en que se aborden medidas legislativas de consenso para que este informe sirva "para algo más que para que nos sintamos satisfechas las diputadas y senadoras", junto a los dos hombres que participaron en la subcomisión.

Manifestó su "preocupación" porque considera que el Gobierno "no ha estado muy respetuoso" respecto a los trabajos de la comisión, si bien los ministros de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales abogaron, en l subcomisión de carácter legislativo sobre violencia de género, por acometer iniciativas legislativas para sustanciar lo acordado en el marco de esta subcomisión.

PROTECCION A LAS VICTIMAS

La diputada de CiU Mercè Pigem apuntó que la política contra la violencia de género seguida hasta el momento no ha sido suficiente para dar una respuesta adecuada a este problema, y reclamó una "óptica especial" para abordar esta cuestión, que requiere soluciones "globales, integrales".

Agregó que a su grupo arlamentario le preocupa especialmente la protección a la víctima que denuncia, que debe ser la base de las reformas legislativas que se aborden, con el fin de "erradicar la situación de práctica impunidad que se da hoy a estos delitos".

La representante del PNV, Margarita Uría, recalcó que acabar con los malos tratos a las mujeres es un empeño en el que no se debe dejar de luchar tras el avance que supone la aprobación del informe de la ponencia sobre erradicación de la violencia doméstica.

LuisMardones, de Coalición Canaria, se congratuló también de las recomendaciones "pedagógicas y ejemplarizantes" aprobadas en este informe, en base a la convicción de que "la violencia de género es un atentado contra la paz y la democracia".