En una entrevista que recoge la revista de la Federación Española de Municipios y Provincias, Comas repasa las diferentes medidas aprobadas para tratar de atajar la violencia doméstica, entre las que destaca la implantación de la orden de protección para las víctimas.

También subraya el estudio que está ultimando el Observatorio contra la Violencia sobre el seguimiento de sentencias y resoluciones judiciales en materia de medidas cautelaresórdenes de protección, cuyo objetivo es conocer de qué forma aplican los jueces las leyes que se están adoptando en el Parlamento y conocer el impacto de las últimas reformas legislativas.

Otra de las actuaciones llevadas a cabo por el Observatorio desde su creación ha sido la puesta en marcha del Registro Nacional de Medidas contra la Violencia Doméstica, en el que se recogerán todas las órdenes de protección que los jueces dicten y todos los procedimientos penales que se vayan incoando contra el mimo denunciado, imputado o agresor.

Con todo ello, considera que se han dado "pasos definitivos" para proteger a las víctimas, prevenir los delitos y castigarlos de manera más acorde a la gravedad de los hechos. No obstante, reconoce que queda un largo camino por recorrer, "porque mientras una mujer muera en este país por violencia doméstica, tendremos que seguir interrogándonos sobre qué hacer para acabar con ello".

Entre los mayores problemas a la hora de garantizar la aplicación efectiva de lasmedidas implantadas, Comas señala la falta de un presupuesto económico y de recursos que permitan el seguimiento, el cumplimiento y el control de las resoluciones.

"En España existe un problema, que yo he criticado en ocasiones, en cuanto a la forma de legislar, y que ha ocurrido en la Ley Reguladora de la Orden de Protección; es una ley buena, tanto en contenidos como en objetivos, pero tiene el defecto de que fue aprobada, al igual que otras leyes anteriores, sin una memoria económica y presupuestara con la que poder garantizar su aplicación", advierte la presidenta del Observatorio.

Por último, Comas se refiere al efecto que ya han tenido las medidas implantadas. De entre los logros, destaca que los jueces estén cumpliendo el plazo de 72 horas para aplicar la orden de protección, así como el elevado número de órdenes acordadas (un 76% de las 4.234 solicitadas entre agosto y octubre).