Según las mismas fuentes, el texto, que será remitido a los grupos parlamentarios, al Ministerio de Justicia, así como a otras altas instituciones del Estado, fue aprobado "con algunas matizaciones de carácter técnico".

Sustancialmente, los autores del informe consideran que el bien jurídico que se protege en el delito de malos tratos es la dignidad de las personas en el seno de la familia.

Además, apuestan por la creación de un mecanismo que prmita que las decisiones adoptadas por las jurisdicción civil, donde se instruye el proceso de divorcio entre víctima y agresor, sean conocidas inmediatamente por la penal, donde se investiga la denuncia de malos tratos, y viceversa.