Fuentes del CGPJ señalaron a Servimedia que, pese a las críticas que ha recibido la decisión de la juez tras el asesinato, lo cierto es que tienen que ser las partes quienes presenten una denuncia ante el máximo órgano de gobierno de los jueces para que su actuación sea analizada y, si cabe, se sancione a la magistrada.

En este sentido, recordaron el caso de a "juez Ramírez", contra quien no se pudo actuar hasta que la Fiscalía Anticorrupción, encargada del "caso Gil", la denunció ante el CGPJ.