En declaraciones a Servimedia, Enriqueta Chicano, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, recalcó que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es dotar económicamente al Plan contra los Malos Tratos.

partir de ahí, Chicano subrayó que otras de las acciones imprescindibles que debe incluir el nuevo plan son "reforzar la línea de atención de todo tipo -psicológica y jurídica- a las mujeres maltratadas e iniciar, en serio, una vía de prevención, que significa incidir en educación, publicidad, campañas, sensibilización y formación de profesionales".

Por último, recordó al Gobierno la importancia de que cuente con las asociaciones de mujeres para establecer las medidas necesarias. En este sentido, la residenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, pidió al Ejecutivo que establezca mesas de diálogo con las asociaciones de mujeres.

"Si volvemos a hacerlo (el Plan de choque) dentro de los despachos, volveremos a tener el mismo resultado: el fracaso del plan de choque", advirtió Pérez del Campo en declaraciones a Servimedia.

Entre el abanico de medidas que, en su opinión, son imprescindibles para luchar contra los malos tratos, destacó la formación de losprofesionales que se enfrentan a la violencia doméstica (jueces, fiscales, policías) o la estructuración de las casas de acogida, "que no pueden ser un aparcamiento de mujeres".

Para que todo ello sea eficaz -"no medidas de propaganda", advirtió- hay que dedicar un presupuesto con unas prioridades, criterios y fines específicos, "y todo lo que sea hablar de medidas sin estar después respaldadas por un presupuesto es volver a hacer un 'brindis al sol'", concluyó.

Del mismo modo se manifestó María urán, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas "Themis", quien señaló a esta agencia que "la única manera de que funcione el plan es que cuente con una dotación económica y con la colaboración de las asociaciones de mujeres que trabajan día a día con las víctimas".

Por último, Durán subrayó como imprescindible el garantizar a las víctimas de los malos tratos una asistencia jurídica "cualificada". También pidió que se legisle el alejamiento automático del maltratador.