EL MAGISTRADO MARTÍN PALLÍN PIDE AL GOBIERNO QUE ANULE LAS SENTENCIAS MILITARES DEL FRANQUISMO
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El magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha pedido al Gobierno que anule todas las sentencias de los juicios sumarísimos y de los tribunales de guerra del periodo franquista, para recuperar totalmente la legalidad y completar "el proceso de desfranquificación".
Martín Pallín defendió la "ilegalidad" de todas las sentencias de estos tribunales franquistas, durante su intervención anoche en las charlas sobre "Las leyes durante la II Républica y el Franquismo como régimen de ilegalidades", organizadas por la delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid y por la Asociación de Memoria Social y Democrática (AMESDE).
También participaron en el acto el ex fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo; la magistrada del Tribunal Supremo y ex secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, en calidad de moderadora; el presidente de AMESDE, Miguel Núñez, y el delegado de la Generalitat en Madrid, Santiago de Torres.
Martín Pallín subrayó que es indigno pensar que "el tiempo transcurrido puede dar legitimidad a un golpe de Estado" y dijo que hablar de legalidad durante la dictadura franquista es como pensar que "si el 23-F hubiese durado cinco años hubiese sido perfectamente legal".
El magistrado indicó que las leyes franquistas "no emanaban del pueblo ni presentaban garantías y, desde luego, no eran en absoluto asumibles por la comunidad internacional".
Martín Pallín cree que "no es imposible" completar el proceso de "desfranquificación" como hizo Alemania con la "desnazificación" y dijo que es "una obligación del Gobierno". "Nos ha dado la razón el Consejo de Europa cuando hace un mes aprobó por unanimidad declarar ilegal al régimen franquista", añadió.
GENOCIDIO DEL FRANQUISMO
Por su parte, el ex fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo dijo que el aparato de represión franquista realizó "un verdadero genocidio" y ofreció datos sobre el número de muertos en las cárceles de la dictadura: 192.684 entre 1939 y 1944, según los cálculos del propio régimen.
Jiménez señaló que el carácter de legalidad que se le da a las sentencias franquistas desde las instituciones representa "una vergüenza para la conciencia democrática de nuestro país".
En cuanto a los desaparecidos, el ex fiscal jefe defendió que deben ser los tribunales "los que busquen a los desaparecidos del franquismo, y no los particulares".
(SERVIMEDIA)
26 Abr 2006
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