Iruin, acusado de mediar en el cobro del denominado "impuesto revolucionario" a dos empresarios guipuzcoanos en el verano de 1990, prestó declaración el pasado 3 de marzo en la Audiencia de San Sebastián, en la que expuso que su actuación, movida por fines altruistas, se limitó a contactar con una persona "que no era de ETA".

La fiscalía considera que Iruin pudo incurrir en un delito de colaboración con banda armada, mientras que el propio fiscal general del Estado, Leopoldo Trres, confirmó que la Audiencia Nacional investiga su posible conexión con la cúpula de la organización terrorista.

Según expresa García Ancos en un auto hecho público hoy, "las diligencias hasta ahora practicadas y los manifestado por el presunto inculpado en el inicio de su declaración" hacen necesaria la concesión del suplicatorio para seguir con la investigación de los hechos "o, en su caso, proceder al archivo de las actuaciones".

Fuentes del Tribunal Supremo explicaron que, de acuerdo con e texto, la petición no implica todavía que se vaya a procesar al político batasuno, ni que se atisben indicios de criminalidad en su conducta.

Por otra parte la Sala Segunda del alto tribunal no ha recibido todavía la documentación remitida por el juez Baltasar Garzón que, a petición de la fiscalía de la Audiencia Nacional, investigó durante el pasado mes de febrero, la implicación del senador Iruin en el pago del rescate del industrial Adolfo Villoslada, secuestrado por ETA en noviembre de 1989.

Garzón había archivado, en enero de 1991, las diligencias practicadas para averiguar la identidad de los mediadores en el pago del rescate, y decidió remitir las actuaciones al Tribunal de Gran Instancia de Bayona, ya que sólo aparecían implicados los ciudadanos franceses Paul Dutournier y Micher Idiart.

Según el informe elaborado por la fiscalía, el juez procedió al desarchivo de la causa el pasado 3 de febrero y averiguó que el senador Iruin mantuvo una entrevista el 26 de marzo de 1991 con el abogao de la familia Villoslada y uno de sus hermanos, en su despacho de San Sebastián.

Ambos declararon de nuevo ante Garzón el pasado 23 de febrero, negándose a contestar a la mayoría de las preguntas formuladas, aunque el letrado reconoció haber hablado una vez con el senador, durante un encuentro en el que redactaron una nota a máquina.

Según el juez, esta carta iba dirigida a la organización para fijar una entrevista y negociar la cantidad a pagar en uno de las entregas fraccionadas que los familares abonaron a ETA durante dos años para conseguir la liberación del industrial

La investigación revela que Iruin pudo ser el encargado de hacer llegar la misiva a los dirigentes de la banda terrorista, ya que dos meses más tarde se produjo un contacto entre la familia y ETA.