A su juicio, es necesario configurar un modelo de Servicio Público de Empleo que integre los recursos de la red de las 41 oficinas de empleo del Inem de la Comunidad de Madrid con los recursos propios existentes en la Administración autonómica, con el fin de que las transferencias del Inem, "lejos de suponer una desarticulación del servicio público, represente una extensión territorial y una gestión eficaz de las políticas de colocacion".

El sindicato ugetista destaca que los parados madrileños deben tener garantizados principios básicos como la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, y un funcionamiento de un Servicio Público de Empleo con una gestión activa e integrada, a través del cual se ayude a los trabajadores a encontrar un empleo y las empresas a contratar a los trabajadores adecuados, y se gestionen unas prestaciones por desempleo "sufcientes y dignas".

UGT-Madrid denuncia en reiteradas ocasiones las deficiencias y abusos que ejercen las administraciones, y en concreto el Inem, en relación al tratamiento de los trabajadores en paro, el recorte de derechos y el control de las prestaciones por desempleo con el objetivo de recortar el gasto social, pero cree que no se puede hacer "tabla rasa" de una estructura arraigada socialmente.

Por ello, insiste en que la apuesta y la obligación institucional debe pasar por la coordinación etre la Administración central y autonómica, demostrando así "un verdadero interés por los trabajadores en paro, y no una pelea competencial que sólo redunde en el mareo a los trabajadores en paro y la pérdida de eficacia de los servicios".