El secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, explicó que, aunque la cantidad señalada, similar a la pensión mínima no contributiva, es "escasa", lo importante es que se recoge en una ley y que "no es incompatible con otros ingresos".

En la actualidad, a los perceptores del IMI se les retira la ayuda si tienen otros ingresos provenientes por ejemplo de trabajos esporádicos o si no cumplen cieros requisitos, como llevar a sus hijos al colegio, dijo el líder de UGT.

A su juicio, deberían recibir la renta mínimas todas las personas que cumplan una serie de requisitos mínimos, como estar empadronados en la CAM y no disponer de ingresos.

La cuantía de esta renta mínima, cerca de 50.000 pesetas para una sola persona, se verá incrementanda en un 50% en caso de que haya una segunda persona en la unidad familiar, en un 25% más si hay una tercera persona y en otro 15% en el caso de que haya cuaro o más miembros. La cantidad máxima a percibir por unidad familiar debería ser, según los sindicatos, una vez y media el salario mínimo interprofesional, es decir, algo más de 100.000 pesetas.

Desde enero de 2001, los sindicatos y la Administración regional llevan negociando este proyecto y las centrales temen, según Martínez, que la CAM haga uso de "la tijera", ya que el coste de aplicar esta ley se acercaría a los 9.000 millones de pesetas, el doble de lo que se destina al IMI.

El secretario egional de CCOO, Javier López, señaló que la cuantía mínima de esta percepción se debería ir adaptando a la evolución de la pensión no contributiva, lo que significa que cada vez que ésta se incremente, repercuta en la renta madrileña.

López explicó que podrán acceder a esta prestación las personas entre 18 y 65 años, ampliando la edad máxima y mínima a los siguientes casos: que tengan menores a su cargo y que los menores de 18 años estén emancipados por matrimonio o decisión judicial.

Para ambossindicatos, el objetivo de esta ley es proporcionar recursos económicos suficientes a aquellas personas que carezcan de unos ingresos mínimos garantizados y favorecer un mejor desenvolvimiento en la vida comunitaria.

López y Martínez destacaron que esperan que el Gobierno regional se ponga a trabajar en este proyecto para que sea aprobado por la Asamblea de Madrid antes de que concluya el año en curso.