Estos piden la retirada del impuesto, también llamado "céntimo sanitario", "por los enormes perjuicios provocados a las empresas de transporte en general y, en especial, a los autónomos y pymes".

"No hay que olvidar que la aplicación del impuesto en la Comunidad de Madrid ha originado una clara périda de competitividad de las empresas de transporte madrileñas frente a las establecidas en otras comunidades autónomas limítrofes que, hasta la fecha, han decidido la no aplicación del tramo autonómico del impuesto", subrayó Fenadismer Madrid.

El mencionado recargo fiscal perjudica especialmente a las empresas de transporte madrileñas porque soportan más del 70% de la recaudación total del impuesto (más de 900 euros por camión y año), según la patronal.