Según informó hoy la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat), dichas obras ilegales fueron realizadas en 1987, junto a la laguna de Peñalara, en la sierra de Guadarrama, en lo que ahora constituye el Parque Natural de Peñalara.

Aedenat, que denunció las obras, se personó también en dicho proceso contencioso-administrativo en apoyo de la Comunidad de Madrid. La empresa Transportes y Remontes S.A. recurrió la sentenia del Tribunal de Justicia de Madrid de 20 de junio de 1997, pero ahora el Tribunal Supremo ha declarado la inadmisión del recurso de casación.

En consecuencia, la Comunidad de Madrid recibirá los 30 millones de pesetas que costó la restauración ecológica de la zona dañada en 1987, que la empresa recurrente se negaba a abonar.

Ecologistas en Acción, organización en la que está integrada Aedenat, se felicitó hoy por esta resolución judicial, pero denunció que debido a la lenta acción de la justica, especialmente de la jurisdicción contencioso-administrativa, las empresas disponen de amplios mecanismos no sólo para burlar la ley, sino también para retardar sus efectos.

En este caso, la dilación del proceso ha supuesto que la CAM haya podido cobrar el importe de lo gastado para reparar los daños nada menos que 11 años después de haberse producido los mismos.